Alimentos: del campo a la ciudad

Los alimentos que llegan a nuestras mesas desde el campo están sujetos a límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR). No quiere decir que no puedan usarse plaguicidas, sino que hay un límite para garantizar que sean adecuados para nuestro consumo.

El último estudio serio sobre LMR se hizo en el 2022, cuando Senasa, sobre una muestra representativa en mercados, reveló que el 16% de los productos agrícolas de todo el país –y el 26% de Lima y Callao– no cumplía estos estándares. Otras iniciativas, que no son estadísticamente representativas, como el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos, arrojaron incumplimientos de hasta el 65% (junio del 2025). Lo cierto es que estamos lejos del estándar de Europa, donde el incumplimiento de LMR bordea el 1,3%, diez veces menos que el promedio peruano.

Un primer problema es que el agro presenta el 96% de informalidad. La agricultura es sustento de millones de familias que producen más del 70% de alimentos que llegan a nuestras mesas, pero opera desde una frágil estructura informal, con escaso acceso a tecnología, asistencia técnica y medios para alcanzar la formalidad.

En la realidad, los agricultores aplican mal los plaguicidas, muchas veces sin capacitación; estos productos llegan al mercado con residuos por encima de los LMR y recién entonces el “sistema” reacciona. Los productos llegan a los supermercados, y aun cuando se retire a los proveedores que no cumplen los LMR, estos alimentos reingresan al circuito informal; y el consumidor, al final, sigue expuesto.

Un segundo problema es que los estudios se focalizan solo en el último eslabón de la cadena productiva, como mercados y supermercados, a los que se aplican sanciones –legales y reputacionales– por no cumplir los LMR, como si cumplirlos estuviera 100% en sus manos (y no dependiera de lo que ocurre en el campo).

Un tercer problema es que Senasa solo cuenta con un técnico por cada mil unidades agrícolas. Ello limita la capacidad para ejercer un control efectivo en el campo y ayudar a la tecnificación del sector. De hecho, exigir LMR en el campo es como pedirle a un campesino que trabaja una pequeña parcela que cumpla estándares de una agroexportadora, sin darle los medios para lograrlo.

Un cuarto problema es que la regulación sobre agroquímicos se ha convertido en un obstáculo para los agricultores y otros agentes que forman parte de la cadena de valor alimentaria. Se les termina exigiendo estándares internacionales sin considerar el contexto nacional; es decir, se exige cumplir estándares para consumidores europeos que, por ejemplo, privilegian productos carbononeutrales.

Es evidente que con solo aplicar sanciones al final de la cadena sin ocuparnos del campo no vamos a resolver el problema. Y si endurecemos las reglas para el campo sin darles capacitación, terminaremos generando pérdida de ingresos familiares, incremento de la pobreza rural y, paradójicamente, inseguridad alimentaria.

La salud pública y la promoción de la agricultura son objetivos compatibles, pero el Estado debe asumir el rol que le toca, una tarea en la que los privados también pueden participar. El camino podría incluir la adopción de una regulación compatible con la realidad nacional (siguiendo el ejemplo de Chile), pero sobre todo se debería adoptar un sistema de certificación de buenas prácticas agrícolas con apoyo de juntas de riego y entes privados (como lo ha hecho en Ecuador).

No se trata de postergar la mejora de la calidad alimentaria, sino de hacerla viable. Lo verdaderamente irresponsable es no reconocer la complejidad del problema e insistir en soluciones que ignoran la realidad del campo y pretenden tapar el sol con un dedo.

Si queremos alimentos seguros y un agro próspero, necesitamos reglas claras, acompañamiento técnico y voluntad política. Hagamos lo posible para que nuestros productos lleguen con seguridad de la chacra a nuestras mesas.