Antispam, letra muerta

Prácticamente, todas las llamadas que recibo a diario a mi celular –entre 6 y 12– son de empresas que buscan venderme algo, sin que yo lo haya autorizado: financieras, bancos, telecomunicaciones, agencias de viaje, servicios de salud, etc. Si bloqueas un número, te llaman de otro similar, así que no funciona la aplicación para detectar llamadas spam. En la práctica han convertido al celular en un aparato molesto. No hay paciencia que aguante. Lo único que funciona es silenciar el teléfono y no responder llamadas, con el riesgo que conlleva que alguna de ellas sea una emergencia, una oportunidad de negocios, etc.

De hecho, las llamadas spam han terminado convirtiendo al WhatsApp en el medio más serio para contactar a alguien, sea vía chat o llamada.

Según datos disponibles, en el último trimestre del 2024 el 28% de las llamadas que reciben los peruanos son spam. En promedio al mes, recibimos nueve llamadas de este tipo (Global Call Threat Report 2024 Q4), aunque en mi caso esa cifra se queda más que corta.

Las llamadas spam nos cuestan dinero, tiempo, tranquilidad y vulneran nuestro derecho a la intimidad, es decir a no ser abordados sin nuestro consentimiento previo. Frente a este problema, el 9 de mayo se publicó la Ley 32323, que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. La famosa Ley Antispam aprobada por insistencia desde el Congreso y que, en sus primeros siete días de vigencia, en mi caso y en el de otras decenas de personas cercanas a las que consulté, fue letra muerta.

No es la primera vez que en el Perú una ley es letra muerta. Normalmente pasa cuando la norma es inaplicable o imposible de fiscalizar, pero este no es el caso, pues no estamos hablando de actividades informales o difíciles de rastrear y fiscalizar. Estamos ante empresas formales que tienen muy bien estructuradas campañas de mercadeo a través de call centers y otros sistemas de inteligencia artificial, que hoy están prohibidos.

En el Perú es casi una máxima que para hacer cumplir una ley tenemos que apelar a la amenaza. Prueba de ello fue el comunicado del Indecopi del viernes último, en el que a modo de “amable recordatorio” señaló que las llamadas spam ya están prohibidas, y que a las empresas que se les detecte en falta las pueden multar hasta con S/2,4 millones. Bien por eso.

No es que las empresas desconozcan esta norma, es posible que algunas hayan encontrado ventanas –dentro de la propia norma– para postergar o evitar su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de la Ley Antispam, se advierte una disposición que establece un período –que vence el 9 de julio– para que el Ejecutivo emita normas complementarias para efectivizar el medio por el cual los usuarios daremos nuestro consentimiento a estas llamadas comerciales. Ojo, será un mecanismo para quienes quieran ser contactados; las llamadas –sin consentimiento– ya están prohibidas para la gran mayoría de peruanos que no deseamos seguir siendo acosados.

En vez de buscar interpretaciones, las empresas a través de sus gremios deben abocarse a propiciar que esas normas complementarias sean eficaces, para que las empresas puedan contactar a potenciales clientes y ofrecerles sus productos –de forma consentida–.

Si en los foros empresariales se emiten innumerables comunicados y pronunciamientos para exigir seguridad jurídica y cuestionar el sesgo sancionador de los organismos reguladores, ¡¿por qué no se cumple entonces una ley que ya está en vigencia?! Es inaceptable que se amparen en leguleyadas para aplazar o evitar esta regulación.