Nuestra Constitución Política dicta que el sistema electoral está conformado por el JNE, la ONPE y el Reniec, organismos gubernamentales con la misión de actuar en coordinación y asegurar que las votaciones se traduzcan en la libre y auténtica expresión de la ciudadanía.
En la coyuntura previa a los comicios, el desarrollo de coordinaciones interinstitucionales tomó relevancia al cierre del 2025, porque el JNE emitió una opinión técnica desfavorable sobre la solución tecnológica de voto digital remitida por la ONPE, descartando su aplicación en los próximos comicios. Su conclusión fue que el referido proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo y no reúne las medidas de seguridad suficientes para garantizar la intangibilidad de los votos y para que los escrutinios reflejen el resultado del sufragio.
Coincido con la decisión del JNE. La correcta aplicación del voto digital exige desarrollar previamente una red de conexión que asegure la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales y el voto ciudadano. Asimismo, el empleo de medios digitales implica incursionar en un entorno hostil, por lo que requiere contar con estrictos mecanismos de seguridad, denominados ‘firewalls’.
Desde mi perspectiva, es posible proponer algunas pautas técnicas. Primero, realizar auditorías externas previas a la entrada en vigencia del proyecto, a fin de mejorar y corregir los preparativos necesarios. En segundo lugar, cumplir normas técnico-facultativas y obtener certificaciones mediante auditorías periódicas. Por último, considero que se debe estudiar la experiencia de aplicación del voto digital en otros países, tales como India o Brasil.
Si se consideran estos parámetros, el voto digital permitirá generar confianza en el sistema electoral y se plasmará como una factible realidad en futuros procesos democráticos.
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