Avalar la mentira

Dina Boluarte debería ser vacada. No lo va a ser. La mayoría del Congreso está con ella, contra viento y marea.

Con cualquier otro gobierno se habría planteado una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Y en cualquier otro lugar del mundo civilizado.

La presidenta fue sometida a varias operaciones de cirugía plástica y una de cirugía funcional. Ella salió con todos sus ministros a decir que solo le habían practicado el procedimiento funcional (para respirar mejor).

El médico a cargo de las intervenciones ha mandado una carta notarial. En ella aclara que fue una operación múltiple y que no fue algo sencillo como una “extracción de muela”, como dijo la mandataria.

La mentira de Dina Boluarte es tan flagrante que envió, dos años después, el pago de 4.500 dólares a la clínica. Tanto no puede costar una operación equivalente a una extracción de muela.

El doctor Cabani revela que la jefa del Estado robó la historia clínica. Dice también que estuvo hospitalizada hasta el día 30 de junio del 2023. Las resoluciones con su firma publicadas en esos días en el diario oficial “El Peruano” tienen, pues, firmas falsificadas por otra persona.

“Yo no puedo, firma tú por mí” no puede ser algo que diga o haga un presidente de la república. Eso no se puede admitir.

Tampoco se puede admitir el abandono del cargo. Menos, que se mienta de manera flagrante para encubrir ese abandono.

Dina Boluarte dejó sin mando la Presidencia de la República por lo menos por tres días. Los ministros que firmaron con ella una resolución el día 29 son cómplices del acto ilegal.

El Congreso debería fiscalizar. Es su función. En el actual Parlamento, sin embargo, abundan los congresistas apañadores. José Cueto, por ejemplo, del grupo Honor y Democracia, dice que el tema de la cirugía presidencial es una cuestión personal y que ella tiene derecho a proteger su privacidad médica.

Mario Cabani ha dicho que el derecho a la privacidad lo quebró la propia mandataria al publicar una mentira sobre la cirugía. Los congresistas tienen el deber de fiscalizar y, si la presidenta miente sistemáticamente, no deben apañar la mentira.

Los parlamentarios deben investigar. Que se pongan tan fácilmente del lado de la mentira revela una catadura homóloga a la de la presidenta.

No se puede avalar el abandono del cargo, el falseamiento flagrante y la falsificación de firmas en las resoluciones ministeriales.