Con bastantes bombos, el gobierno de José Jerí inició ayer los encuentros del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, un espacio que copia el formato del abandonado Acuerdo Nacional para promover consensos sobre cuánto debe gastar el Estado Peruano, en qué, cómo hacer ese gasto más eficiente y cómo financiar esos desembolsos.
La imagen del presidente Jerí, la ministra de Economía Denisse Miralles y varias decenas de economistas, líderes gremiales y autoridades, debatiendo sobre cómo asegurar la sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos, envía un mensaje relevante en un contexto en el que las fuerzas políticas representadas en el Congreso y hasta los titulares de Economía del gobierno de Dina Boluarte –algunos de los cuales también participaron ayer–, decidieron sacrificar la salud fiscal del país para buscar ganar puntos políticos.
Sin embargo, viendo el estado actual del Acuerdo Nacional, es aconsejable no ser demasiado optimista. Al gobierno de Jerí le quedan poco más de siete meses en el poder y lo que termine definiéndose en este espacio se lo pueden llevar los vientos electorales y a quien elijamos en el 2026.
Igual es positivo que se esté planeando invitar a los candidatos para que se adhieran a la hoja de ruta que se definirá en este espacio. Sería importante que esto inserte el manejo fiscal entre los temas de debate en campaña, cuando, más bien, solemos ver muchas promesas que no tienen cómo financiarse y ni se menciona cómo se asegurará que el déficit fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos, se mantenga en el rango razonable que marcan las reglas fiscales.
El destacar la importancia de gestionar los recursos prudentemente, garantizar la eficiencia y calidad en el gasto público y ampliar la base tributaria es incluso más urgente cuando tenemos a candidatos como Rafael López Aliaga, que ha demostrado en su paso por la Municipalidad Metropolitana de Lima lo poco que le preocupa cómo se pagarán en el futuro las deudas que ha generado, o a representantes de los partidos en el actual Congreso que, como ha advertido el Consejo Fiscal hace poco, llevan promulgando 229 leyes con un impacto fiscal negativo, cuya factura seguiremos cubriendo por un largo tiempo.
Un efecto positivo sería que a los candidatos les dé vergüenza hacer promesas sin explicar cómo las van a pagar, pero también que se revise la ley de presupuesto aprobada por este Congreso y promulgada por este gobierno, que destina el 36,5% de todos los recursos a pagar planillas e incrementa de manera obscena el presupuesto del Parlamento.
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