No podemos quedarnos callados

Para la gran mayoría de peruanos, el principal problema del país es la corrupción. El inicio de un proceso sancionador por el Indecopi contra 15 empresas farmacéuticas, que se habrían coludido para garantizar sus intereses en licitaciones con el Estado ha puesto en discusión, una vez más, lo que ha sido siempre un secreto a voces: la corrupción en el Perú y la captura de rentas por grupos privilegiados no solo es una realidad, es endémica y está institucionalizada.

La corrupción enriquece a unos cuantos a costa de la gran mayoría de peruanos. Pero afecta en mayor medida a los más pobres, aquellos que necesitan del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Si el caso de Sada Goray y el aprovechamiento del programa Techo Propio (que financia y subsidia programas de vivienda para los peruanos de los NSE D y E) para enriquecerse indebidamente nos escandalizó por el abuso de la pobreza, el cártel de los laboratorios, como ha sido bautizado por la prensa, ha llevado el impacto que genera la corrupción a otro nivel.

Entre el 2006 y el 2020, 15 laboratorios farmacéuticos habrían coordinado entre sí en 23 licitaciones con el Estado para la compra de medicamentos para tratar el cáncer, de inmunosupresores para el tratamiento de leucemias agudas y cáncer de cabeza y cuello, antianémicos y antibióticos para tratar infecciones, por un total de S/6.000 millones. Se trata de medicamentos destinados a hospitales y postas médicas del Ministerio de Salud donde se atienden los peruanos más pobres. Ejecutivos de cuello y corbata habrían estado coordinando a puerta cerrada cómo ganar licitaciones con el Estado, asegurándose una parte del negocio y un mejor precio, atentando directamente contra la vida y la salud de las personas para ganar más dinero.

La realidad es que la corrupción en el Perú es parte del sistema y es un costo asumido por algunas empresas dentro de los presupuestos de sus proyectos. La encuesta de Global de Integridad de EY 2024 encontró que el 80% de los encuestados en el Perú considera que es un desafío para las empresas en las que trabajan mantener los estándares de integridad en períodos de cambio o de condiciones de mercado difíciles. Y el 47% considera que los ejecutivos peruanos estarían dispuestos a comportarse de manera no ética a fin de lograr mejorar su carrera o situación financiera.

Si bien el capitalismo es un modelo económico y social que se basa en el intercambio voluntario de bienes y servicios y, por ello, es contrario al mercantilismo y la corrupción, quienes creen en el libre mercado rara vez levantan la voz contra aquellos que corrompen y caen en prácticas mercantilistas. ¿Cómo logramos entonces defender el modelo económico si el 48% de los peruanos cree que los empresarios en el Perú hacemos más daño que bien al país? (Ipsos 2023). Porque lo cierto es que el cártel de los laboratorios, así como el club de la construcción, no son, pues, casos aislados.

La principal arma contra la corrupción, además de un sistema de incentivos y la persecución y sanción adecuada, es el compromiso de los gerentes generales y sus directorios. Pero también es la sanción social de sus pares. No podemos quedarnos callados.