¿Cómo se llama la película?

Inhabilitar para un cargo público a quien de por sí carece de habilidades para ejercerlo puede parecer un chiste cruel, pero a veces, por una cuestión moral, resulta indispensable. Ahora, claro, hablarle de cuestiones morales a un conglomerado de individuos que, en su mayoría, ignoran la existencia de esa dimensión espiritual tiene también algo de escarnio. En esta pequeña columna, sin embargo, no podemos dejar de decir que la representación nacional tendría que haber inhabilitado esta semana a Pedro Castillo y a sus cómplices en la fantochada del 7 de diciembre del 2022.

Con respecto a las próximas elecciones, la decisión que reclamamos no habría tenido un efecto práctico distinto al de la condena que el exgobernante ya recibió del Poder Judicial (una inhabilitación por dos años, aparte de la sentencia a 11 años y cinco meses de cárcel). Es decir, Castillo igual no podrá postular al Senado como quería. Pero colocarle el estigma que merecía era fundamental como mecanismo de defensa de nuestro sistema democrático y como advertencia para los que pudieran querer imitarlo.

Como se sabe, se necesitaban 68 votos en un pleno del que estaban descontados los miembros de la Comisión Permanente y la iniciativa solo cosechó 44. Así, 31 parlamentarios de diversas bancadas izquierdistas consideraron que la sanción propuesta era injustificada y otros tres optaron por el corajudo camino de la abstención. ¿Cuál fue su argumento para desdeñar la inhabilitación? Pues que lo que el exmandatario nos regaló ese malhadado día fue solo un “gesto”. O, como él mismo ha sostenido, apenas “una lectura”. La verdad, no obstante, es que, en boca de un presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas y Policiales, el mensaje de marras era bastante más que el mero ejercicio de oratoria que ahora se pretende.

–Dictar y decretar–

Castillo pronunció en cadena nacional un discurso que incluyó sentencias cuyo estatus era indiscutiblemente el de la orden. Así, tras anunciar que había tomado “la decisión de establecer un gobierno de excepción”, añadió que para el efecto se “dictaban” las medidas de disolver el Congreso y declarar en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Por si eso fuera poco, “decretó” asimismo el toque de queda a partir de ese mismo día y, no bien terminó su alocución, dio instrucciones al comandante general de la PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, de cerrar el Congreso e impedir el ingreso de toda persona a sus instalaciones, así como de intervenir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por la autoridad que Castillo ostentaba en ese momento, estas no habrían podido ser nunca palabras que se lleva el viento; menos si figuraban entre ellas verbos como “dictar” o “decretar”. Pero, además, sus órdenes tuvieron una materialización que no por efímera fue menos delictiva: policías armados le bloquearon mientras pudieron a la congresista Adriana Tudela y a otros colegas suyos el ingreso al Palacio Legislativo.

¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo se llama la película que protagonizaron hace ya tres años el entonces presidente y su mentor Aníbal Torres? Sabemos que postular un paralelo entre ellos dos y la mítica dupla conformada en cierta ocasión por Robert Redford y Paul Newman entraña cierto riesgo, pero sus acciones nos compelen a hacerlo. Según el Poder Judicial, aquello fue una “conspiración para la rebelión” (y, de acuerdo con los congresistas que votaron contra la inhabilitación, ni siquiera eso). Pero el nombre de lo ocurrido es otro y los que hoy se hacen los locos al respecto lo tienen muy claro en la mente y en la conciencia. No los olvidaremos.