Política de la inseguridad

Las extorsiones y los asesinatos de choferes y dirigentes de construcción han despertado movilizaciones contra el Congreso, focalizando el enemigo en la Ley 32108 sobre organización criminal, que finalmente fue modificada. Ganó la calle, una vez más, aunque contra un objetivo equivocado. Esa ley no era el problema, pero ganó la narrativa de que favorecía a las extorsiones y el crimen organizado.

Entonces, pese a que la demanda por seguridad es esencialmente liberal-conservadora, de derecha, al final la izquierda dio las banderas y la derecha quedó arrinconada en defensa de la ley cuestionada. Incluso se invirtieron los papeles: mientras las bancadas de derecha defendían una ley “garantista” diseñada para prevenir el abuso contra cualquier junta de tres personas o contra partidos políticos, focalizando el tipo penal en las economías ilegales, como debería ser, la izquierda acusó a la ley de favorecer el crimen organizado.

La ley en cuestión fue convertida en el símbolo de un ‘establishment’ político congresal señalado por proteger a acusados por corrupción, lo que generó una movilización contra el sistema que llegó a blandir la bandera de “que se vayan todos”. Al final, se ha convocado a un paro para el 23 de octubre, pese a que la ley ha sido sustancialmente revertida.

Pero hay que advertir el detalle significativo de que esta evolución política de la demanda se dio en el segundo paro de transportistas, organizado no por los formales, sino por los informales, que, al mismo tiempo que reclaman seguridad, usan a “chalecos” (que luego se vuelven extorsionadores) para atacar a los fiscalizadores de la ATU, que aplica multas fuertes a los informales. Se enfrentan al Estado, pero le piden seguridad.

Entonces, aquí hay que sincerar la situación: no se puede exigir seguridad si, además, no se es formal, si no se forma parte del contrato social por el cual cumplo con las reglas y contribuciones al Estado para que este cumpla con su obligación de dar seguridad, que es su razón de ser. Claro, la formalidad para los micros tiene que ser simple, pero en el caso de los colectiveros hay consenso en que no deben existir porque agravan la congestión vehicular y lo que se necesita son unidades grandes dentro de un sistema de rutas mucho más racional y ordenado, que está pendiente.

Pero los dirigentes del segundo paro que planean ahora la movilización del 23 lideran gremios de colectiveros que buscan una ley de formalización en el Congreso. Quizás protestan en realidad contra la ATU. Y están inscritos en partidos, uno de ellos en ANTAURO. Serán candidatos.

Por su parte, construcción civil y gremios empresariales han convocado a una marcha para el 24 de octubre, exigiendo seguridad. No debe mezclarse con la anterior. Y el Congreso, en lugar de disparar leyes a la loca, debería fiscalizar que el Ejecutivo desarrolle una estrategia eficiente, y aprobar la ley del sistema de flagrancia y la que le permita a la policía pedir a la operadora telefónica el bloqueo de un celular extorsionador, sin necesidad de solicitar autorización al juez, informándole. Pero no hay liderazgo.