Luego de varias semanas de una relativa calma política, el fin de la legislatura congresal nos acercó más a nuestra realidad. La reaparición de Keiko Fujimori y las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su permanencia en el cargo hasta el 2026 y las convocatorias a nuevas marchas (“¿cuántas muertes más quieren?”), fueron solo la antesala al cierre del período parlamentario.
En tres días de pleno, el Congreso destruyó la meritocracia en el magisterio; se inventó una interpretación para destituir a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos; modificó reglas del proceso de colaboración eficaz, y estableció un nuevo feriado (entre varias otras cosas). Y no pasó nada.
En tiempos ‘normales’ (creo que ahora podemos calificar así a los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala), decisiones como las descritas hubiesen generado por lo menos algún nivel de crisis o enfrentamiento político. Es claro que el Congreso está, en general, alineado en sus posiciones. Por eso existen los votos para aprobar esas medidas, más allá de que algunas minorías se opongan.
En otros tiempos, el Poder Ejecutivo podría haber ejercido algún nivel de contrapeso político y mediático, pero no es el caso en el gobierno de Dina Boluarte. La presidenta puede observar algunas de las normas, pero no tiene el peso político para contrarrestar nada (incluso si quisiera hacerlo).
Ante la nada, la intención de un sector que se opone a las medidas aprobadas y, en general, al Ejecutivo y al Congreso, es llevar la discusión a las calles y las protestas. Si existe una mirada común entre ambos poderes y no hay otros actores políticos que ejerzan un contrapeso, la vía de las protestas aparece para algunos como la única forma posible de forzar la renuncia de la presidenta o la aprobación de un adelanto de elecciones (o una combinación de ambas).
Las marchas convocadas en Lima para el fin de semana que pasó no tuvieron ninguna trascendencia. En esa línea, la apuesta de este grupo sigue estando en las movilizaciones convocadas desde el sur para el 19 de julio.
Por ahora, no se ve nada muy distinto a los intentos previos por llegar a la capital. Visto lo ocurrido este fin de semana, tampoco pareciera que lo ánimos limeños hayan cambiado y que la ciudad ahora vaya a volcarse masivamente a las calles. Aunque según todas las encuestas, casi todo el país rechaza a la presidenta y al Congreso, ese rechazo no se ha traducido en movilizaciones. Como hemos señalado antes en este espacio, eso no significa que las cosas no pueden cambiar en cualquier momento aunque, por ahora, no hay mayor novedad en el frente.
Visto este escenario, la decisión del Congreso de no extender más la legislatura evita, al menos, que se sigan aprobando medidas como las de la semana pasada. Durante este período, la Comisión Permanente (que seguirá sesionado y a quien se le han delegado facultades para legislar) no debería aprobar nada que altere aún más la coyuntura, aunque, quién sabe. Más allá del gigantesco presupuesto que tiene, tener al Congreso inactivo es algo positivo en estas circunstancias. Seguirán las negociaciones sobre la conformación de la Mesa Directiva, pero probablemente recién nos enteraremos del resultado muy cerca al 26 de julio o incluso ese mismo día.
Por el lado del Ejecutivo, es probable que el discurso de 28 de julio no tenga ninguna novedad y sea un simple balance. Quizá veamos algunos cambios de ministros, pero dudo que el Gobierno tenga capacidad de reclutar talento. Tendremos más de lo mismo. Pese a todo lo descrito, Dina Boluarte sigue teniendo la posibilidad de plantearle al país alguna medida audaz, pero, por lo visto hasta ahora, es poco probable que lo haga. En el Perú de estos tiempos, pasa de todo, pero no pasa nada.