¿Qué hacer con las elecciones internas?

El martes pasado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó varias modificaciones a la ley de organizaciones políticas, que constituyen un claro retroceso. De un lado, se aprobó volver a pedir un alto número de firmas de adherentes (además del requisito de un padrón de afiliados) para poder inscribir un partido político. Este requisito fue eliminado en el 2019, considerando que, por lo general, las firmas se compran o se falsifican y que poco indican sobre el respaldo real de una organización. Del otro, en la práctica, se acabó con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir a candidatos de los partidos, aprobadas en el 2019 y desde entonces postergadas en su aplicación para consagrar la situación actual, en la que los partidos optan por elecciones cerradas entre sus afiliados o por la realización de opacas asambleas de delegados.

De camino a la sesión plenaria del Congreso, me parece muy importante, cuando menos, no retroceder en el camino de reformas. Algunos consideran que hacer más difícil la inscripción de nuevos partidos es una medida necesaria ante el riesgo de una elevada fragmentación (las PASO son un mecanismo, porque quienes obtienen menos del 1,5% de los votos quedan fuera de la competencia), pero el camino no es cerrar el acceso.

No retroceder implicaría, a mi juicio, mantener las PASO como meta para los partidos. Recordemos que las PASO fueron aprobadas por el Congreso en el 2019, que el proyecto fue fundamentado por Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución, como parte de la bancada de Fuerza Popular, siguiendo la propuesta presentada por la Comisión de Reforma Política. Es decir, se trató de un esfuerzo de concertación, que ha ido ganando respaldo entre diferentes sectores. Hasta ahora, el tenor del debate era: “es una buena propuesta, pero los partidos no estamos listos todavía”, y ahora pretende ser: “no es una buena idea y mejor dejemos todo como está”.

¿Qué se ha avanzado desde el 2019? Uno, es la ONPE la que ahora organiza las elecciones internas, no los propios partidos, que no cuentan con los medios para realizarlas de manera eficaz y transparente. Segundo, en noviembre del 2020 se realizaron elecciones internas en las que participaron solo los afiliados de los partidos, que dejan importantes lecciones. En promedio, apenas el 6,5% de los afiliados votaron, lo que muestra que el padrón de afiliados no es verdaderamente representativo y que estos no tuvieron mayores incentivos para ir a votar, porque en muchas ocasiones se presentaron listas únicas de candidatos.

Siete partidos recurrieron al voto directo de sus afiliados; el Partido Morado tuvo la tasa de participación más alta, con un 24%; Acción Popular, 14%; Juntos por el Perú, 8%; el Apra, 7%; y el Frente Amplio, 5%. Somos Perú y el Partido Nacionalista, 2% y 1%, respectivamente. Diecisiete partidos hicieron elección indirecta, eligiendo delegados, y la tasa de participación más alta la tuvo el Frepap, con el 21% de sus afiliados; luego, Fuerza Popular, con el 10%. Solo estuvieron por encima del 5% Podemos Perú, Perú Libre, Solidaridad Nacional y Avanza País; los otros 11, por debajo de este número.

Si se considera que nuestros partidos no están listos para las PASO, por lo menos deberíamos establecer un porcentaje realista mínimo de participación para mantener el registro; con un 5%, tomando en cuenta las elecciones del 2021, de 24 partidos nos hubiéramos quedado solo con 11. El dictamen del 21 de noviembre establece un mínimo muy alto de 20%, para las elecciones directas de afiliados, y un requisito muy bajo de 20% de participación de los delegados elegidos en las asambleas (no se establece umbral para la elección de los mismos). Al mismo tiempo, las elecciones deberían ser entre candidaturas individuales, no entre listas, para que exista verdadera competencia. Finalmente, los partidos deberían imponer criterios más exigentes para sus postulantes y hacerse más responsables de los mismos.