La prisión preventiva de Martín Vizcarra ha generado debate. ¿Debió afrontar su juicio en libertad? ¿Existía con él un riesgo de fuga?
La prisión preventiva debe ser un recurso excepcional. Por supuesto, el riesgo de fuga o el peligro procesal pueden ser razones para suspender el derecho fundamental a la libertad.
En el caso de un violador o un asaltante atrapados en flagrancia, no hay duda. Con los políticos existen motivos para ser extremadamente cuidadosos.
El juez consideró que existe alta probabilidad de que se demuestre la culpabilidad. Se basó, también, en la falta de arraigo laboral y familiar. Además, hizo alusión a un desapego a las reglas de conducta.
En su alocución final, Vizcarra atacó el sistema de colaboración eficaz.
“Qué incentivo tan perverso es la colaboración eficaz”, explicó el acusado, “donde un delincuente que la acepta se acepta como tal y cambia toda una vida en la cárcel por una delación falsa contra mi persona”.
Lo que no se preguntó Vizcarra es por qué una persona confesaría haber cometido un delito. Para ser colaborador eficaz se requiere, en efecto, reconocer la responsabilidad penal.
Quedó demostrado que los colaboradores pagaron coima por las obras del proyecto Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.
¿A quién fue dirigido el dinero? ¿A una secretaria? ¿A un funcionario de segundo orden? En el caso de Lomas de Ilo, Vizcarra buscó a los empresarios para pedirles el 2% de la obra a cambio de información que les permitiría ganar la buena pro.
No existe un video de la entrega del dinero, pero sí hay 15 llamadas de Vizcarra al empresario días antes de la entrega.
Los contratos de trabajo presentados por Vizcarra parecen ‘construidos’ ad hoc. En uno, la gerenta general de la empresa es su esposa y la apoderada es trabajadora del estudio de abogados de su defensa. El contrato, además, fue legalizado dos días antes de la audiencia.
La falta de arraigo familiar se basa en que Vizcarra consigna una dirección distinta y lejana a la de su esposa y al menor de sus hijos. Tiene familia, pero el vínculo parece debilitado. La familia, al parecer, no lo arraiga.
Para el juez, hubo mala intención con los documentos presentados por la defensa. Esto es determinante para valorar la prisión preventiva por encima del derecho a la libertad. A la falta de arraigo se sumó la falta de honestidad procesal.
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