¿La calle cambiará el statu quo?

Hoy les traigo una síntesis del panorama político y económico actual.

Primero, el cónclave de APEC puede marcar el inicio del fin para la presidenta Boluarte. La sucesión de errores políticos, su aparente participación en la comisión de diversos delitos y la superficialidad de su proceder hacen cada vez más inviable la continuidad de Boluarte. Hasta ahora predomina en el Congreso la necesidad de defender el statu quo para llegar al 2026, pero la reactivación de la protesta ciudadana y el repudio casi generalizado podrían acelerar el cambio. La cereza en el pastel ha sido mandar a los estudiantes en Lima, el Callao y Huaral a clases virtuales del 11 al 13 y cancelar las clases del 14 y 15, simplemente por miedo a la protesta. Desde luego, sin analizar datos claves como acceso a Internet de calidad, número de computadoras disponibles, padres que trabajan en sectores esenciales, informales o son independientes y que deben salir a trabajar, etc. ¡Todo paralizado por la frivolidad de quedar bien ante las delegaciones extranjeras!

Segundo, el principal gatillador para la reactivación de la protesta de “la calle” ha sido el desborde de la criminalidad. Los números de operativos y detenciones del ministro del Interior –pensados más para la galería– contrastan con datos duros: 1.601 personas asesinadas entre enero y setiembre (se superó el registro de todo el 2023), el cierre de 3.000 bodegas y pequeños negocios extorsionados entre el 2023 y el 2024 (Asociación de Bodegueros) o el 2,8% del PBI (S/30.000 millones anuales) que cuesta la extorsión y el cobro de cupos (Consejo Peruano de Competitividad). No alcanzamos la gravedad de la crisis de Ecuador (13 muertes/día vs. 5/día en el Perú), pero la falta de resultados acentúa la percepción de inseguridad (85%).

Tercero, no se anticipa una nueva ola de violencia como la de las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Aparentemente la izquierda y el radicalismo siguen debilitados y no han podido capturar el liderazgo de la movilización ciudadana. Pero esto vuelve más peligrosos los recientes paros, pues son movimientos orgánicos, cuya legitimidad podría acelerar su expansión en todo el país (en el 2022 y el 2023, el foco solo estuvo en la macrorregión sur). Esto último amenaza cada vez más con buscar culpables en el Congreso, algo que no conviene a los partidos representados de cara a las nuevas elecciones.

Cuarto, Keiko Fujimori –que incrementó su intención de voto luego del deceso de su padre– reapareció desde España abriendo la posibilidad de una candidatura de consenso para la centroderecha. Carlos Añaños se retiró del ruedo, cediendo la cancha a otros actores de centroderecha como Carlos Álvarez. César Acuña, dada su vinculación con este gobierno, ve amenazado su porvenir político y puede perder “soga y cabra” en las elecciones regionales y municipales. Carlos Bruce con Somos Perú empieza con el membrete de favorito para Lima. Los candidatos apegados al conservadurismo de derecha, como Rafael López Aliaga, siguen perdiendo posiciones. Sin Antauro Humala en el ruedo, por la declaración de ilegalidad de su partido (cabe apelación), la izquierda se queda sin liderazgos.

Quinto, el Gobierno confirmó el despropósito de nombrar un directorio estatista en Petro-Perú. Ello es una muestra de la debilidad del MEF, así como lo es el no tener hace casi dos meses un viceministro de Hacienda. Las expectativas de los inversionistas se mantienen en el tramo de “optimismo moderado”, por el riesgo fiscal y la incertidumbre política. La mejora del PBI, la inauguración del puerto de Chancay, las tasas de interés bajas pueden levantar el ánimo empresarial, pero no será suficiente para llevar el crecimiento al 3%.

La criminalidad y las frivolidades de Boluarte empiezan a hacer insostenible su continuidad.