¿Minimizando el problema?

Hace tres meses se conocieron cifras alarmantes sobre la evolución de la pobreza en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 9,8 millones de peruanos son pobres, casi un tercio de la población. Y casi dos millones de ciudadanos se encuentran en pobreza extrema, lo que significa que enfrentan hambre, pues no pueden cubrir el valor de una canasta básica de alimentos (calculada en S/251 mensuales por persona). Adicionalmente, existen diversas fuentes y estudios que alertan sobre el deterioro de indicadores sociales, el recrudecimiento de la pobreza rural y el incremento de la pobreza urbana. Por ejemplo, un informe de la FAO señala que el 52% de peruanos ha sufrido inseguridad alimentaria moderada o severa en el período 2021-2023.

Frente a esta dolorosa realidad, nuestra clase política continúa ignorando o minimizando el problema. Desde el Congreso de la República no se percibe interés por la agenda de la lucha contra la pobreza. La agenda legislativa está dominada por la defensa de intereses particulares y los escándalos coyunturales. Los congresistas no parecen estar comprometidos en promover iniciativas para mejorar los indicadores sociales y vigilar la efectividad de las acciones realizadas en nombre de la pobreza en el ámbito nacional, tanto desde los gobiernos regionales como desde el Gobierno Central.

En cuanto al Ejecutivo, predomina el piloto automático en la gestión pública y continúa el debilitamiento de los sectores sociales. No se percibe un liderazgo político efectivo desde la Presidencia del Consejo de Ministros en materia social, clave para ordenar la acción estatal e inyectar sentido de urgencia. Las desafortunadas declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en las que minimiza el problema de la inseguridad alimentaria, nos llevan a preguntarnos si existe claridad en el Gabinete sobre el grave deterioro de las condiciones de vida que afecta a millones de ciudadanos. Por otro lado, si bien el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cumple un papel importante implementando programas sociales de alcance nacional, ha perdido liderazgo técnico, crucial para movilizar acciones conjuntas con otros sectores del Estado y actores privados.

La gestión pública aún no asimila el nuevo escenario de pobreza marcado por el recrudecimiento de la pobreza rural y el aumento de la pobreza urbana. Continuamos aplicando soluciones pensadas a inicios del milenio. La capacidad de innovación dentro del Estado ha sido severamente afectada por la inestabilidad política, la rotación de personal y el debilitamiento de la tecnocracia social.

En el discurso de Fiestas Patrias, los anuncios de la presidenta Dina Boluarte se centraron en ampliaciones de programas sociales y de apoyo temporales. Entre las buenas noticias destacó el incremento de la subvención económica bimestral recibida por los adultos mayores usuarios de Pensión 65, que pasará de S/250 a S/350. Es un anuncio significativo, pues el monto de la transferencia no había cambiado desde la creación del programa hace 12 años. Por otro lado, se ha anunciado la aprobación de una estrategia para la reducción de la pobreza urbana, incorporando transferencias monetarias temporales a hogares en pobreza extrema. Queda pendiente informar a la opinión pública sobre el diseño, financiamiento e implementación de dicha estrategia, que esperemos incorpore avances ya realizados en gestiones anteriores.

Sin embargo, el Gobierno aún no expresa con claridad cómo retomará la senda de superación de la pobreza, que va más allá de expansiones de cobertura de programas sociales que, por sí solos, no sacan a nadie de esta situación. Las políticas públicas deben salir de su zona de confort para responder al nuevo desafío de la pobreza, para lo que se requiere mejorar el crecimiento económico, las perspectivas de empleo y la calidad de servicios públicos claves para el desarrollo humano (salud, educación, transporte).