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El Gobierno ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). Quiere que se pronuncie con respecto a que el Ministerio Público pueda investigar o no a un presidente de la República.
El gobierno de Dina Boluarte reclama protección frente a las investigaciones, los allanamientos o las incautaciones.
El principal argumento de la demanda señala que la investigación afecta la competencia del presidente de la República de dirigir la política general del gobierno. Apela, además, al artículo 117 de la Constitución (El Comercio, 7/8/2024).
El presidente “solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso [...] y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral” (artículo 117).
El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, en el 2022, incluyó en una investigación preparatoria al expresidente Pedro Castillo. Garantizó el respeto de su defensa y “el respeto al artículo 117 de la Constitución Política del Perú”.
La Constitución habla de una restricción con respecto a “acusar” al presidente en ejercicio. “Investigar” no es una interpretación de “acusar”. Tanto en el habla corriente como en el ámbito jurídico, “acusar” se refiere a una parte específica del proceso penal.
La protección de la figura presidencial no excluye la atribución de cualquier delito. Solo pospone la “acusación” para después del mandato. Un presidente no debe comparecer ante un juez. Eso afectaría su competencia y las condiciones en que dirige la política general de gobierno.
Acudir a las citaciones del fiscal de la Nación no reduce la competencia ni la jerarquía de un poder del Estado frente a otro. El Ministerio Público no es un poder del Estado, como sí lo son la rama judicial y el Ejecutivo.
Por otro lado, Pedro Castillo y Dina Boluarte han podido dirigir la política general del gobierno y acudir a las citaciones fiscales. No ha habido merma de los mandatos, de la gestión ni de la autoridad.
La presidenta Boluarte no puede esperar que no se le investigue. La plancha presidencial que integró, lamentablemente, no le favorece. Pedro Castillo, su titular, tiene prisión preventiva. Su otro compañero de fórmula, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia.
El TC debe resolver si se “acusó” indebidamente a los presidentes o si hay un conflicto de competencias entre dos poderes del Estado.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
