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‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
¿Vamos a seguir permitiendo que los políticos destruyan el futuro de nuestro país? Cada día el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte van desarmando de a pocos las reformas que tanto esfuerzo y sacrificio nos costaron.
Los ciudadanos estamos cansados de una clase política que responde a intereses particulares, cuyo único interés es enriquecerse indebidamente y proteger políticamente a sus líderes y militantes. Que no está dispuesta a atender los problemas de los ciudadanos, ni a encauzar el país hacia el desarrollo.
Una clase política que, en lugar de reactivar la economía, perfora las finanzas públicas ante la pasividad –y complicidad– del MEF. El séptimo retiro de las AFP o la propuesta de reducción del IGV para las peluquerías no tienen ninguna explicación técnica.
Diversos gremios y organizaciones empresariales y de la sociedad civil vienen impulsando desde hace meses la prohibición de la postulación a cargos públicos de personas que hayan sido condenadas por delitos como terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual, corrupción, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Sin embargo, la semana pasada, la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano, envió al pleno un proyecto donde se eliminaron los delitos vinculados a corrupción, violación sexual, trata de personas, homicidio y secuestro. Y yo quisiera que algún congresista tenga el valor de responder, ¿por qué les parecería correcto que alguien que ha sido condenado por corrupción, violación sexual, trata de personas, secuestro u homicidio llegue a ser congresista, alcalde, gobernador regional o presidente de la República? ¿Dónde está la responsabilidad de los líderes de los partidos? Y entonces no digan que exagero cuando hablo de que la clase política peruana, salvo muy pocas excepciones, más que política, es una clase delincuencial.
Este mismo Congreso aprobó en abril el ingreso a la carrera magisterial de 14.000 maestros que fueron separados del magisterio porque se negaron a tomar la prueba o porque la desaprobaron. ¡Entre ellos, tres congresistas! Y la semana pasada aprobaron dos proyectos de ley que autorizaron el nombramiento automático de miles de docentes contratados con más de tres y cinco años de experiencia, destruyendo la meritocracia en la educación y condenando a ese 75% de chicos peruanos que estudia en un colegio público. Seis millones ochocientos mil chicos que merecen una educación de calidad.
Hace unos días aprobaron normas que protegen el crimen organizado al proponer modificaciones al Código Penal que limitan la persecución y sanción de las economías ilegales y debilitan aún más la seguridad de la población.
Pero el Congreso no es el único poder del Estado que atenta contra el desarrollo del país. El gobierno de Dina Boluarte está destruyendo la reforma del transporte, permitiendo el regreso del taxi colectivo, las combis y los vehículos de hasta 35 años de antigüedad. Porque poco les importa la calidad de vida de los ciudadanos.
La destrucción de la institucionalidad, lograda a través de reformas políticas, nos ha llevado a tener una clase política que no representa a ciudadanos ni a empresarios. Una clase política que no cree tener la obligación de rendir cuentas.
