Educación y OCDE

El 2026 marcará un punto de inflexión para el Perú. No solo por el inicio de un nuevo ciclo electoral y gubernamental, sino porque el país deberá demostrar, con hechos y no solo con declaraciones, que está dispuesto a cumplir los compromisos que implica su aspiración de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese desafío, la educación no es un tema sectorial: es el núcleo de cualquier proyecto de desarrollo que aspire a estándares OCDE. Durante años, el debate sobre esta adhesión se ha concentrado en reformas económicas o regulatorias. Sin embargo, los países que integran esta organización comparten una convicción clara: no hay crecimiento sostenible, cohesión social ni competitividad de largo plazo sin un sistema educativo de calidad y con igualdad de oportunidades.

Hoy, en el Perú, la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes sigue dependiendo peligrosamente de dónde nacen, dónde estudian y del nivel socioeconómico de sus familias. Esta desigualdad es incompatible con los estándares OCDE. Si el país quiere avanzar seriamente en este proceso, debe asumir como prioridad política que todos los estudiantes, sin excepción, accedan a aprendizajes de calidad, independientemente de su territorio o condición social.

Uno de los compromisos centrales es el fortalecimiento de la carrera docente. La evidencia internacional es clara: ningún sistema educativo mejora sin invertir de manera sostenida en sus maestros. El Perú avanzó en meritocracia, pero tanto el gobierno actual como el que asumirá en el 2026 deben consolidar una política integral que articule formación inicial de calidad, acompañamiento pedagógico y desarrollo profesional continuo, especialmente en las escuelas más vulnerables.

La educación superior universitaria y técnica constituye otro desafío ineludible. Sin una oferta pertinente y de calidad, alineada con las demandas productivas, tecnológicas y territoriales del país, no habrá aumento de la productividad ni reducción sostenible de la informalidad. Este componente central del enfoque OCDE exige decisiones políticas claras y una coordinación real entre el Estado, la academia y el sector productivo.

A ello se suma un problema estructural: la gobernanza del sistema educativo. La alta rotación de autoridades, la politización y la discontinuidad de las reformas han debilitado históricamente la política educativa. Cumplir con los compromisos OCDE implica fortalecer capacidades técnicas, proteger las reformas de los vaivenes políticos y asumir, de una vez por todas, que la educación debe ser una política de Estado.

En este contexto, sería un error pensar que todo empieza en el 2026. El actual gobierno de transición tiene la responsabilidad de trabajar hasta el último día, asegurando que lo avanzado en el proceso de adhesión no se detenga ni se diluya en la inercia que suele acompañar los cambios de gobierno. La continuidad del Estado es una señal indispensable de seriedad frente a la comunidad internacional y frente a la ciudadanía.

Es justo reconocer el esfuerzo que viene realizando la cancillería para garantizar esa continuidad, dialogando y recogiendo aprendizajes sobre cómo cumplir efectivamente los compromisos asumidos. Sin embargo, la adhesión a la OCDE no puede seguir siendo percibida como un proceso técnico reservado a especialistas. El país necesita una estrategia comunicacional clara que explique qué significa este proceso, cuáles son sus beneficios concretos y qué responsabilidades le corresponden a cada sector.

En educación, esto implica que el ministerio, los gobiernos regionales, las escuelas, los institutos, las universidades y los docentes comprendan que la OCDE no es una meta abstracta, sino una hoja de ruta para mejorar aprendizajes, reducir brechas y asegurar calidad educativa para todos.

Porque, al final, cumplir estándares internacionales no es un objetivo en sí mismo. Es la manera de asegurar que cada estudiante del país reciba una educación que le permita desarrollar su talento, ejercer ciudadanía plena y convertirse en una persona competente, con valores ciudadanos, capaz de contribuir a la prosperidad del Perú. Sin estudiantes en el centro de nuestros esfuerzos, simplemente no hay OCDE posible para el país.