El Fujimori económico

Uno puede estar al mismo tiempo de acuerdo con que Alberto Fujimori fue un dictador sentenciado por corrupción que violó diversos derechos fundamentales, y con el hecho de que gracias a él tenemos un país pacificado y una economía viable. Pero, además, dentro de la dimensión económica, uno también puede estar de acuerdo solo con una parte de su legado.

El origen del legado puede hallarse en el modelo económico de la Constitución de 1993, que contiene cinco reglas esenciales para la libertad económica: prohibió que el Banco Central de Reserva use la “maquinita” para financiar gasto público y cubrir el déficit fiscal; estableció que solo por ley expresa el Estado puede financiar subsidiariamente una empresa; previó que el Estado se focalizara en educación, seguridad, salud, servicios públicos e infraestructura; estableció que la iniciativa privada para hacer empresa es libre y la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros; y, por último, estableció que el Estado protegería la libre competencia y que ninguna ley puede normalizar monopolios legales.

Estas cinco reglas conllevaron cambios importantes. Por ejemplo, pasamos de una hiperinflación de 7.650% a una que bordea el 3% anual, y 220 empresas públicas se liquidaron o privatizaron entre 1991 y el 2000, con lo que evitamos tener que asumir como contribuyentes algunas pérdidas gigantescas de aventuras estatales del Estado. De hecho, entre 1985 y 1989, las empresas estatales generaron pérdidas por US$1.700 millones.

Como dice el IPE, “el alto crecimiento económico permitió que un peruano promedio tenga casi el triple de ingreso que hace tres décadas, lo que redujo la pobreza y desigualdad”. Y, según la evidencia recogida por el Instituto Fraser, los países con mayor libertad económica son más ricos, tienen menos pobres, menos corrupción y menos conflictos.

Aunque la Constitución marcó una hoja de ruta, Fujimori no completó la tarea. Por ejemplo, desde los 90 subsisten 35 empresas públicas: varias son una muestra de que por ley sí pueden autorizarse monopolios legales; y otras, de que, a pesar de la presencia actual o potencial de privados, el Estado sigue haciendo empresa. Algunos casos emblemáticos son Essalud, Córpac, Sedapal y Petro-Perú.

Pero más importante aún es comprender que Fujimori no respetó todas las dimensiones de la libertad económica. Según el Instituto Fraser, esta se mide en cinco pilares: tamaño del gobierno, régimen jurídico y seguridad de los derechos de propiedad, moneda sólida, libertad de comercio internacional y regulación.

Fujimori, al intervenir el Poder Judicial y propiciar el cierre del Tribunal Constitucional, además de gobernar por años como dictador, claramente no respetó el régimen jurídico y la seguridad de los derechos de propiedad, que presuponen independencia judicial y tribunales imparciales, la no injerencia militar en el Estado de derecho y la política, etc. También amañó elecciones y violó la libertad de expresión.

Además, si bien acertó en la regulación de diversos sectores como las telecomunicaciones, la electricidad y los puertos, falló en otros, como el transporte urbano e interurbano de pasajeros. Abrió este mercado a la competencia sin prever que, por sus características de bien público, era un sector en el que la regulación era indispensable (y esa desregulación, a su vez, abrió la puerta a las mafias que hoy gobiernan el tráfico vehicular).

Si observamos nuestra performance actual en el Índice de Libertad Económica, veremos que estamos en 7.52 (puesto 37). Sin embargo, mientras obtenemos 9.44 en moneda sólida, en el régimen jurídico logramos solo 5.23. Ambas son de alguna forma herencias de Fujimori.

Lo hecho por Fujimori en términos económicos es muy meritorio, pero incluso en lo económico debemos distinguir matices al evaluar su legado. No es necesario elegir solo una parte de la historia.