El costo de quedarse

La permanencia de un presidente no se debe evaluar por simpatía o cálculo político, sino, cuando menos, por tres criterios esenciales: cumplimiento del rol institucional, preservación de la legitimidad y protección del interés público. Hoy, estos pilares están comprometidos.

En un régimen presidencial, el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Linz, al analizar las tensiones del presidencialismo, explica que la estabilidad depende de la claridad de roles y de una autoridad ejecutiva efectiva. La Constitución establece que el presidente dirige la política general y representa a la nación. No es un actor que ‘se suma’ a protestas sociales; es quien organiza la respuesta estatal frente a ellas.

Cuando el mandatario anuncia que marchará con transportistas contra la inseguridad, el problema no es de empatía, sino de comprensión del cargo. La inseguridad ciudadana exige liderazgo operativo y articulación. Si además el presidente se victimiza públicamente, afirmando que ha sido amenazado, proyecta vulnerabilidad institucional.

A ello se suma la erosión de estándares de idoneidad en el aparato público. La flexibilización de requisitos para cargos directivos en el Ejecutivo compromete la meritocracia, principio estructural del Estado moderno. Según Fukuyama, sin burocracia profesional no hay capacidad estatal ni gobernabilidad sostenible, y se afecta directamente el interés público.

La dimensión simbólica tampoco es menor. La investidura presidencial no es un accesorio comunicacional. Reuniones opacas, salidas encubiertas y episodios como el llamado ‘Chifagate’ deterioran la confianza pública. En gestión pública, no basta con no cometer delitos; es indispensable evitar la apariencia de actuaciones impropias del ejercicio de la investidura presidencial. La ética pública no es una exigencia moral privada, sino el estándar mínimo de comportamiento para quien ejerce poder en nombre de la nación. Cuando la imagen proyecta frivolidad o imprudencia, se erosiona la preservación de la legitimidad.

Es cierto que la vacancia por “incapacidad moral permanente” o censura es una cláusula ambigua que ha generado incentivos perversos y alta discrecionalidad legislativa. Pero reconocer su diseño problemático no implica sostener a un presidente impresentable.

Cuando un presidente no ejerce conducción efectiva, debilita la necesaria meritocracia estatal y erosiona la legitimidad de la investidura. El costo de mantenerlo puede ser mayor que el de removerlo. La estabilidad no se preserva prolongando el deterioro. Se preserva defendiendo estándares institucionales al servicio del bien común.