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Tacharlos a todos, ese es el impulso que los votantes razonables podrían tener al conocer las listas de candidatos a la presidencia o al Congreso de las próximas elecciones. Pero luego algunos problemas técnicos para la materialización de tal afán se hacen evidentes. Primero, el período de tachas es brevísimo y no alcanzaría para cumplir con tanto trámite. Segundo, un análisis más cuidadoso de las listas revela que existen en ellas algunos inimputables; excepciones, digamos, al talante avieso que caracteriza a la mayoría. Y tercero, como los resultados de los comicios de abril se encargarán de confirmar, aquello de los “votantes razonables” no es más que un postulado fantástico. Al final, los peruanos acudiremos a las urnas con la misma actitud desdeñosa de siempre y acabaremos con fulanos de cuidado en el Ejecutivo y el Legislativo. Un sino penoso del que, al parecer, no podríamos escapar ni aun si ejerciésemos nuestro derecho ciudadano de manera azarosa, pues los postulantes a algún cargo de responsabilidad política con antecedentes penales que compiten en el proceso electoral que se nos viene son 252. Una cifra que no incluye a los investigados o acusados actualmente por algún delito, que también son legión. Entre los aspirantes a la presidencia con problemas pasados o actuales con la ley, se distingue, por ejemplo, a Vladimir Cerrón (Perú Libre), prófugo de la justicia desde hace más de dos años, y a Mario Vizcarra (Perú Primero), con una condena cumplida por peculado y una pesquisa fiscal abierta por colusión. Y entre los ocupantes de un sitial más modesto en alguna plancha presidencial, destacan Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), por difamación; Raúl Noblecilla (Podemos Perú), por lesiones culposas; y Dina Hannco (Partido Cívico Obras), por contrabando.

El cuadro, sin embargo, adquiere ribetes de auténtica página policial cuando incluimos en él a quienes están buscando alguna pega en el Congreso o el Parlamento Andino.
–Ya perdiste–
Un informe elaborado por “El Poder en tus Manos” de RPP a partir de un escrutinio de las hojas de vida de los postulantes a alguno de esos foros ha arrojado, en efecto, un total de 249 individuos con antecedentes penales. Y la gama de delitos por los que fueron condenados va desde la violencia familiar hasta el homicidio culposo, pasando por clásicos como el incumplimiento de obligación alimentaria, el peculado y la malversación de fondos. Vale decir, son cientos los candidatos con pasado criminal comprobado que vienen por nosotros en esta campaña y no daría la impresión de haber mucho que hacer al respecto. Es como si ellos se nos acercaran y nos susurrasen bajito al oído: “Ya perdiste, chochera; entrégame tú voto sin hacer escándalo”.
La responsabilidad inicial de que esto sea así corresponde, por supuesto, a los partidos, que, a pesar de sus promesas de pasar, “esta vez sí”, a los integrantes de sus listas por un filtro riguroso, terminan comportándose a propósito de ellas como un “llenador” de microbús que ha hecho una larga parada en la esquina de la carceleta del Poder Judicial. Nosotros los electores, no obstante, no podemos desentendernos completamente de lo que acabe sucediendo. Si hacemos caso omiso de las alarmas que hace sonar la prensa con respecto a la catadura moral de los que andan tras una curul o un sitio en el Parlamento Andino, después no tendremos argumentos valederos para marchar por las calles clamando que no nos representan. La historia, sin embargo, enseña que, si los votantes necios volasen, no se vería el sol. Un repasito de nuestros últimos gobernantes basta para comprobar la veracidad de ese aserto. Así que sí: probablemente, ya perdiste, chocherita.

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