Evitemos la normalización del retroceso

La crisis en la entrega de pasaportes ilustra lo rápido que pueden debilitarse servicios públicos que habían logrado buenos estándares de atención a la ciudadanía. Si bien es cierto que la pandemia generó retrasos y acumulación de trámites, ya transcurrió tiempo suficiente (¡más de dos años!) para implementar medidas necesarias para reestablecer los servicios públicos en su total capacidad.

El retraso en la emisión de pasaportes, así como las interminables colas en el aeropuerto que hoy padecen los ciudadanos, no son atribuibles a la pandemia. Como ha denunciado la exsuperintendenta de Migraciones Roxana del Águila, el problema de desabastecimiento de pasaportes se originó en octubre del 2021, cuando la gestión entrante despidió a personal clave (directores de línea, técnicos, informáticos) y detuvo el proceso de adquisición de insumos para imprimir pasaportes. En los últimos meses, los ciudadanos también han padecido largos retrasos para acceder a brevetes y DNI.

La actual gestión del presidente Pedro Castillo se ha definido como un “gobierno de cambios”, un “gobierno del pueblo”. Nueve meses después, los cambios que observamos no son alentadores. Uno de los aspectos más lesivos es el desmantelamiento de la gestión pública, ocurrido en diversos ministerios y entidades públicas, como lo evidencia una revisión a “El Peruano”. Dado que el Perú no cuenta con un servicio civil plenamente consolidado, cada inicio de gobierno ha estado marcado por el ritual de cambiar cargos de confianza y posiciones claves. Es cierto que en gobiernos previos se dieron nombramientos cuestionados y se incurrió en la práctica de reclutar talento y distribuir oportunidades entre redes de contactos y quedó mucho por hacer para lograr una gestión pública competitiva, inclusiva y diversa. Sin embargo, lejos de apostar por una gestión pública de mejor calidad, el Gobierno ha sucumbido a la repartija de cargos por cuotas políticas e incluso ha cometido el error de separar del cargo a funcionarios competentes de su propia gestión para saldar deudas políticas, como evidencia la salida del exministro de Salud Hernando Cevallos. Esta situación fue advertida tempranamente por algunos expertos en gestión pública que fueron señalados como alarmistas por los aliados del Gobierno. Pasados los meses, la tendencia ha empeorado y ya es usual que se nombren como funcionarios a personas con denuncias y sin experiencia relevante para el cargo. Asimismo, hemos observado cómo el Ejecutivo, con la complacencia de varios sectores del Congreso, ha sometido las prioridades de política de un sector tan importante como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los intereses de transportistas informales, truncando en la práctica la reforma del transporte.

Otro aspecto alarmante es el insuficiente liderazgo y transparencia sobre la toma de decisiones vinculadas a problemas públicos, como, por ejemplo, la gestión de la pandemia (mejora de los niveles de vacunación, actualización de protocolos, etc). El Ministerio de Salud insiste en mantener decisiones carentes de coherencia, corriéndose el riesgo de debilitar la legitimidad social de las medidas de prevención. Hoy, los peruanos podemos estar sin mascarilla en restaurantes, estadios y bares, pero debemos usarla al aire libre. La educación (inicial, básica y superior) sigue limitada por restricciones de aforo (un metro de distancia) que no existen en otras actividades y se sigue prohibiendo el uso de comedores y cafeterías. Estas medidas tienen consecuencias concretas: los menores usuarios de Qali Warma no pueden consumir alimentos preparados y quienes llevan lonchera deben consumirlas muchas veces en el suelo. La precaución no debe ser usada para justificar la inacción, sobretodo cuando se trata de decisiones que inciden en servicios básicos para el desarrollo humano.

Las políticas públicas son, ante todo, una forma de vinculación entre el Estado y la ciudadanía. El Gobierno debería ser el primer interesado en mejorar la calidad de los servicios públicos y más allá de discursos y promesas vacías al “pueblo” requiere proteger la calidad de la gestión pública. Como sociedad, no debemos normalizar el retroceso.