Una presidenta accidental, notoriamente no preparada para el cargo, partícipe de los estropicios políticos de Pedro Castillo, sin bancada propia, odiada por los que la llevaron al poder y solo tolerada por conveniencia por los otrora opositores, no augura un gran futuro. De hecho, según dos encuestas recientes, la desaprueba al menos el 80% de la ciudadanía.
Creo que la posibilidad de que eso cambie significativamente para ella no existe, más todavía cuando en los últimos meses ha reducido su actividad a participar en ceremonias y a lo que parece ser lo que más le entusiasma: viajar, tomarse fotos con personajes de real importancia e ir llenando su cómoda de recuerdos imborrables.
Entretanto, gobierna el primer ministro Alberto Otárola, quien navega incluso por debajo de Dina en la aprobación de su gestión.
Pero los problemas del jefe del Gabinete van mucho más allá. El desastroso manejo del orden público durante las protestas violentas posteriores al golpe lo colocan como uno de los principales responsables políticos de las muertes de decenas de peruanos. Para defenderse, no ha dudado en achacarle a la PNP y a las Fuerzas Armadas toda la responsabilidad de lo ocurrido.
En otro de los temas que indignan, el del abuso del poder y la corrupción, tiene ya varias investigaciones fiscales; el caso más chocante, el de los jugosos contratos en el Gobierno que le habría conseguido a una amiga suya.
Constituyendo todo lo anterior problemas suficientes para dudar de que sea la persona adecuada para gobernar en momentos tan difíciles, habría que agregar que, en los temas más importantes, su gestión viene fracasando estrepitosamente.
En lo que más duele, el bolsillo, las cosas están bastante mal. La recesión ya no se pudo ocultar, pero Otárola la reduce a algo “puntual y mitigable y que en el 2024 la economía crecerá”.
Puede que alguito crezca, pero no sería suficiente. Hugo Santa María, economista jefe de Apoyo Consultoría, sostiene en una entrevista para el diario “Gestión” (2023): “la economía está estancada, cada vez más débil y no genera ni trabajo ni ingresos suficientes para que la familia peruana sienta mejoras en su situación”.
En general, no he leído a ningún economista que avale la tesis gubernamental de que el paquete reactivador del MEF vaya a revertir esta situación. Más todavía, si las posibilidades de un Fenómeno de El Niño “fuerte” han crecido al 50%. De nuevo, Otárola, ante las críticas por la baja ejecución de los fondos de emergencia, buscó ganar un tiempito, asegurando que todas las inversiones presupuestadas para enfrentar las consecuencias de este fenómeno estarían listas al terminar diciembre. Permítanme ser escéptico.
En el otro tema crítico, la violencia e inseguridad producidas por el robo agravado y las extorsiones, prima aún más el referido híper cortoplacismo del jefe del Gabinete. Cuando se empezó a hablar del ‘plan Bukele’, se sintió muy ingenioso anunciando como alternativa el ‘plan Boluarte’, algo que solo fue una ficción cruel para calmar las aguas por unos días.
Cuando algunos alcaldes reclamaron estado de emergencia, se los dieron, pero sin plan alguno. Otro engaño: un problema profundamente arraigado no cambia en 60 días. Casi al final, las cosas siguen igual o peor. Otárola nos dice que aún hay que esperar “para hacer una evaluación seria”, pero que ya hay una reducción del 30% de la delincuencia. No hay forma de sustentar estas cifras, pero no le importa. Más bien, la situación empeora al punto de que ciudadanos desesperados han empezado a aplicar “justicia por propia a mano”, lo que solo aumentará una violencia ya insoportable.
A mi juicio, es más que necesaria la salida de Otárola y la designación de una persona que genere esperanza de que se gobernará con verdad, limpieza y eficiencia. Ello no cambiaría drásticamente la aprobación del Ejecutivo, pero quizás permitiría que, en los difíciles tiempos que se avecinan, pudiese haber algo más de confianza en que puedan hacer una buena gestión. Ello, cuando la pérdida de confianza en el futuro del país parece ser el sustrato de nuestros problemas.