La informalidad nuestra de cada día

¿Debe sorprendernos que un número importante de congresistas, alcaldes provinciales o distritales y gobernadores regionales tengan vínculos con trabajadores, empresarios o, en resumen, economías informales? ¿De qué otra forma podría ser, cuando en el país “tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban en un empleo informal (74%)”? (INEI, 2023).

¿Pretendemos que del minoritario porcentaje de formales –trabajadores, negociantes o empresarios– surjan los representantes políticos de los tres niveles del Estado? La idea que subyace a ese deseo resulta ingenua. Pretender que esa representación –elegida, además, por voto universal– surja en su mayor parte de la “formalidad” es algo que está fuera de la realidad.

El problema que se plantea –por la tendencia a la desinstitucionalización del Estado, entre otros notorios riesgos– no es fácil de resolver. Sin embargo, una consideración primera y básica es tener la voluntad de encararlo y no cometer el error de identificar informalidad con ilegalidad. Si hacemos eso, un problema ya complicado se convertirá en uno peor.

Es cierto también que, con un “realismo” que termina por ser pernicioso, hay quienes creen que la reducción sustantiva de la informalidad no es posible en el Perú porque solo se lograría en el mediano plazo, medida de tiempo que, en la política nacional, sostienen, no existe. No obstante, dejando de lado los prejuicios y teniendo voluntad de acercamiento al amplio mundo informal del país, es posible elaborar propuestas electorales consistentes.

De acuerdo con la “Radiografía de la informalidad en el Perú”, de MiBanco y el Grupo Crédito –”un estudio sobre las creencias, barreras y expectativas de los emprendimientos informales y su ruta a la formalización”–, basado en una encuesta de noviembre último aplicada en 25 regiones del país, el 88% del universo consultado manifiesta su voluntad de formalizarse. Además, el 70% juzga que la formalización tendrá un impacto positivo en sus negocios. Asimismo, el 32% considera que formalizarse le permitirá tener acceso a créditos de entidades financieras, y el 19% piensa que se evitaría problemas y multas. Solo el 16% cree que no gozaría de ningún beneficio.

Eso sí, el Estado y sus instituciones aparecen como poderosas barreras: “Solo el 15% de los dueños de negocios cree que la Sunat apoya a los pequeños negocios, y apenas el 13% siente que las municipalidades son una fuente de apoyo”. Es evidente que, con acciones meditadas y bien aplicadas, hay que modificar sustantivamente este juicio para impulsar un proceso intenso y masivo de formalización.