Entre capuchas y excusas

Un Presidente de la República designado por el Congreso para ejercer un mandato interino —limitado a garantizar elecciones transparentes y, en la medida de lo posible, a sentar las bases para el gobierno entrante— camina inevitablemente sobre una cuerda floja. No puede permitirse un solo paso en falso, no solo por la reducida legitimidad que lo acompaña, sino porque su encargo se desarrolla en un contexto en el que la estabilidad democrática y la institucionalidad del país penden de un hilo. Esta premisa elemental parece no haber sido plenamente comprendida por el presidente José Jerí.

Las reuniones del Presidente con el empresario Zhihua Yang no pueden interpretarse como hechos aislados ni inocuos. En primer lugar, resulta inaceptable que un jefe de Estado acuda a reuniones —incluso si estas fueran de carácter informal o social— de la forma en que lo hizo: cubriendo su rostro, con lentes de sol y encapuchado, intentando pasar desapercibido en un espacio público, como si se tratara de una actividad ilegal o, cuando menos, subrepticia. En segundo lugar, tampoco puede considerarse legítimo que el Presidente mantenga vínculos, sean de carácter amical o de cualquier otra naturaleza, con personas investigadas por delitos tan graves como organización criminal y que, además, se encuentran sujetas a medidas de coerción personal, como es el caso del empresario Ji Wu Xiaodong.

Las explicaciones ofrecidas por el Presidente en el video difundido el pasado domingo no constituyen sino excusas burdas que evidencian una preocupante falta de transparencia frente a la ciudadanía. ¿Acudir encubierto a un restaurante para coordinar celebraciones por el Año Nuevo Chino? ¿Visitar el local comercial de un empresario investigado con el pretexto de adquirir productos? Más grave aún resulta haber permitido el ingreso a Palacio de Gobierno de personas sometidas a arresto domiciliario. Incluso si —como se ha sostenido desde el Ejecutivo— no existe un sistema de verificación de órdenes judiciales y solo se cuenta con alertas de requisitorias, dicha explicación resulta insuficiente e inaceptable para el nivel de diligencia y control que debería exigirse a quienes acceden a reunirse con el Presidente de la República.

No debe soslayarse, además, la serie de contradicciones en las que incurrió el Presidente durante su participación del día anterior en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Respecto de la cena en el chifa, sostuvo que el encuentro fue meramente circunstancial; sin embargo, en el video institucional difundido posteriormente señaló que su asistencia respondió a una invitación del referido empresario. Del mismo modo, carece de sustento la afirmación de que desconocía la clausura del establecimiento dedicado a la venta de productos de origen chino, cuando los carteles de clausura se encontraban claramente visibles en el exterior del local.

Ahora bien, frente a estos hechos y considerando el delicado escenario político que atraviesa el país, aun cuando el proceder del Presidente resulta objetivamente reprochable, no parece políticamente oportuno promover su vacancia —teniendo en cuenta, además, que desde el punto de vista jurídico no corresponde calificar dicho procedimiento como una censura—. Restan apenas tres meses para la celebración de las elecciones generales y activar, en esta etapa del calendario electoral, un nuevo proceso de sucesión presidencial introduciría un factor adicional de inestabilidad que podría afectar el normal desarrollo del proceso democrático.

Debe considerarse, asimismo, que una eventual sucesión recaería en autoridades provenientes de un Congreso cuya legitimidad se encuentra severamente erosionada. La sostenida caída en los niveles de aprobación del Parlamento compromete su capacidad para conducir una transferencia de poder que cuente con aceptación social. En ese contexto, la designación de un nuevo presidente interino por parte de un órgano con escasa credibilidad pública difícilmente contribuiría a recomponer la confianza ciudadana o a fortalecer la gobernabilidad.

Desde una perspectiva funcional del Estado, resulta igualmente pertinente evaluar el impacto concreto de una nueva interinidad en un plazo tan reducido. La coexistencia de dos presidencias interinas en un lapso inferior a seis meses afectaría la continuidad en la conducción del Poder Ejecutivo y profundizaría la fragmentación del poder político. Un escenario de esa naturaleza no haría sino erosionar aún más la ya frágil institucionalidad democrática, comprometiendo la estabilidad mínima necesaria para una transición gubernamental ordenada y para el desarrollo adecuado del proceso electoral en curso.

Lo anterior no implica, en modo alguno, minimizar la gravedad de los hechos ni relativizar las responsabilidades políticas que de ellos se derivan. El comportamiento del Presidente interino debe ser objeto de un escrutinio riguroso por parte de los órganos de control, así como de una exigencia pública de explicaciones claras, verificables y coherentes. La rendición de cuentas resulta especialmente exigible cuando se ejerce un mandato de transición, cuyo sustento no proviene del voto popular, sino de una delegación excepcional del poder.

La estabilidad democrática no se preserva mediante decisiones impulsivas ni a través de narrativas que confundan la sanción política con una sustitución apresurada del poder. En el contexto actual, la prioridad institucional debe ser garantizar la continuidad del Estado, el respeto del calendario electoral y una transición ordenada hacia el próximo gobierno. Cualquier actuación que, bajo la apariencia de corrección política, termine profundizando la fragilidad del sistema contribuiría, en última instancia, a debilitar aún más la ya precaria arquitectura institucional del país.