La autocracia que pasa desapercibida

La pareja presidencial de Nicaragua deja cada vez menos espacio para la sorpresa. En otra estocada, el presidente Daniel Ortega y la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, que gobiernan desde el 2007, han reformulado la Constitución a su antojo para poder asegurarse el control total de los poderes del Estado.

Que ahora quieran ser llamados “copresidentes” ya pasa a ser accesorio –algo que, además, ya ocurría de facto– si se revisa todo el paquete de reformas que sin duda terminará aprobando la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo. Pero tampoco es un dato menor, pues bajo esta nomenclatura estarían preparando un próximo traspaso de poder total hacia Murillo, quien hace y deshace en el país. Se trata de la consolidación de una dictadura familiar, una dinastía.

En el paquete se afecta más de un centenar de artículos de la Carta Magna, como el que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años o el que restringe los drones. Pero hay otros que son claves y muestran la catadura del régimen. El más fundamental señala que los “copresidentes” serán los encargados de coordinar a los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y la Administración Pública. O sea, de un plumazo, la dupla Ortega-Murillo se ha bajado la autonomía de los poderes del Estado que casi no existía en la práctica, pero que ahora regirá en el papel.

Se ha agregado una nueva cláusula al artículo 68 de la Constitución para señalar que el Estado vigilará todos los medios de comunicación social y sancionará a los que considere “intereses extranjeros”. Algo que ya venían haciendo al cerrar medios que no eran afines al gobierno, además de perseguir y detener a periodistas que no seguían el discurso oficial. Y acá aparece otra figura que el régimen ha utilizado sin pestañear: la apatridia. Bajo la etiqueta de “traidores a la patria”, se quedarán sin nacionalidad “todos aquellos que atenten contra los sagrados derechos del pueblo nicaragüense”, un concepto tan ambiguo en el que puede caer cualquiera que demuestre su oposición al gobierno. Y así ya lo han hecho: desde el 2021, unos 450 nicaragüenses han sido desterrados solo por alzar su voz contra los Ortega-Murillo.

Como cereza del pastel, la reforma no ha tenido reparo en derogar el artículo 36 de la Constitución, que prohibía la tortura y los tratos crueles. O sea, la tortura pasará a ser legal con el amparo de la pareja presidencial, que sigue consolidando su autocracia en el corazón de América Central a vista y paciencia de una comunidad internacional que prefiere seguir mirando de costado.