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Las liberaciones que no nos deben encerrar, por Hugo Coya

“Mucho antes de que la mayoría supiera ampliamente acerca de la mujer que acaba de abandonar la cárcel, existió alguien llamada Martha Huatay con quien conversé en numerosas ocasiones”.

Huatay Ilustración

"Martha Huatay tiene 74 años y, tal como ocurrió con Maritza Garrido Lecca y sucederá con otros en un futuro no lejano, su salida despierta temores". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Antes que nada, debo confesar que conocí a Martha Huatay antes que Martha Huatay sea Martha Huatay. No se trata de un error de redacción, el pestañeo de algún editor o un juego de palabras para desafiar la capacidad del lector y que este encuentre un significado encriptado detrás de la frase precedente.

Apenas una simple y ahora escalofriante constatación de una verdad. Mucho antes de que la mayoría de peruanos supiera ampliamente acerca de la mujer que acaba de abandonar esta semana la cárcel luego de 25 años de prisión por el delito de terrorismo, existió alguien llamada Martha Isabel Huatay Ruiz, quien se mostraba ligeramente distinta; ligeramente más discreta; ligeramente más conciliadora y con quien conversé en numerosas ocasiones.

Entre 1985 y 1988, pasamos largas horas hablando de política, economía, historia, de las acciones de Sendero Luminoso, de sus diferencias con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de los primeros senderistas presos y a quienes, con sus colegas, defendía ante la justicia.

Me recibía en la pequeña oficina que mantenía con miembros de la autodenominada Asociación de Abogados Democráticos en el jirón Carabaya al lado de la plaza San Martín, en el Centro de Lima. Se presentaba como la presidenta de la organización que había ayudado a fundar en 1977, en pleno régimen militar, y sostenía que era una mujer acosada por las autoridades debido a su lucha por sacar de la cárcel a personas que, según ella, fueron colocadas tras las rejas de forma arbitraria.

Al principio, me trataba con una ostensible desconfianza. En cierta ocasión, me confesó que como yo trabajaba para una empresa que algunos militantes de izquierda consideraban un brazo de propaganda del imperialismo yanqui podía constituir, dentro de sus febriles teorías conspirativas, un agente encubierto de la CIA.

La buscaba en mi condición de corresponsal de United Press International (UPI) con el propósito de extraerle algún dato, declaración o entrevista exclusiva con sus defendidos para redactar artículos periodísticos que satisficieran la voracidad de los millones de lectores que poseía esa agencia estadounidense alrededor del mundo y su curiosidad sobre este inusitado movimiento maoísta surgido en los Andes peruanos.

Huatay se transformó en una fuente clave para informar acerca de la matanza en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, ocurridos entre el 18 y 19 de junio de 1986 durante el primer gobierno de Alan García y en el que murieron unos 300 presos amotinados.

La recuerdo como una mujer algo robusta frente a un pequeño escritorio de madera apolillado, el rostro con frecuencia adusto, luciendo ropas de colores enteros, escaso maquillaje, pero, sobre todo, como una ampulosa disertadora de la realidad nacional, gran conocedora de las leyes y sus recovecos, dueña de una extraordinaria capacidad oratoria, de un rápido raciocinio y extraordinario don para rebatir cualquier argumento, delatando una sólida formación intelectual y su ejercicio como profesora de Filosofía y Ciencias Sociales.

Si bien nunca admitió su pertenencia a Sendero Luminoso, existía entre los corresponsales extranjeros la firme sospecha de que mantenía un vínculo directo con sus máximos dirigentes dada la erudición y conocimiento pormenorizado que poseía de la organización, la cual superaba con creces a mandos policiales, académicos o analistas.

Le perdí al rastro cuando mis tareas profesionales me condujeron fuera del país. Cuando fue presentada por las autoridades en octubre de 1992, pude verla, a través de la televisión en el extranjero, luciendo un traje a rayas acusada de ser una de las cabecillas terroristas. No negaré que sentí un gran escalofrío ante el hecho de haber estado en forma reiterada, sin saberlo, frente a una mujer sindicada como una criminal de esas dimensiones.

Según los jueces, al igual que la mayoría de ese grupo, tenía una doble vida, mezclando, en su caso, sus labores de abogada con actividades subversivas. Dirigía Socorro Popular, una fachada encargada de la economía y logística de la organización que luego asumió las tareas de ejecutar personas y perpetrar atentados.

Antes de su caída, permaneció dos años en la clandestinidad. Un día decidió visitar a su anciana madre enferma en el distrito de Breña, lo que permitió su ubicación y posterior captura.

Ha transcurrido más de tres décadas de aquellos encuentros. Martha Huatay tiene 74 años y, tal como ocurrió con Maritza Garrido Lecca y sucederá con otros en un futuro no lejano, su salida despierta temores de que aquella turbulenta época se repita.

Ellos podrán ir y venir libremente, cruzárnoslos en el mercado, en los ómnibus, en cualquier calle, aunque se considere que no han pagado lo suficiente por los delitos cometidos. Esas liberaciones nos plantean preguntas cruciales: ¿La democracia peruana está preparada para enfrentar un nuevo intento de subvertir el orden o para cerrar definitivamente este traumático capítulo? ¿Qué debemos hacer como sociedad para que no se repita?

Interrogantes complejas que deberíamos absolver pronto cuando todavía subsisten demasiadas heridas sin cicatrizar de ese período de terror. Vestigios senderistas asesinan en el Vraem, el Movadef se organiza en torno a un pedido de amnistía para los terroristas presos, se denuncian infiltraciones en gremios y ninguno de los liberados muestra un ápice de arrepentimiento.

Si bien el conocimiento amplio de lo ocurrido es gravitante entre las nuevas generaciones y mantenerse alertas, ello resultará insuficiente si no adoptamos otras medidas más profundas. Es necesario tener presente que el terrorismo surgió aprovechando las brechas que proporcionó una estructura política permeable, aupado a desigualdades sociales y económicas que le permitieron reclutar a personas que se sentían excluidas del sistema.

Se necesita entonces consolidar el desarrollo, reducir la pobreza, mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, otorgar igualdad de oportunidades para todos, combatir con energía la corrupción y garantizar la existencia de una democracia plena con partidos sólidos y genuinamente representativos.

De esta manera, haremos que las llaves que abren ahora las cárceles no se conviertan, al mismo tiempo, en unas que nos vuelvan a encerrar como país en ese terrible pasado que debemos clausurar para siempre.

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