Los mejores al banquillo

Recientemente, dos destacadas economistas han vuelto a poner el tema sobre la mesa: la interminable persecución judicial a funcionarios honestos. En su columna “No vuelvo al Estado” (“Gestión”, 1/8/2024), la exministra Elena Conterno cuenta que esa es la frase que escucha de profesionales que enfrentan juicios sin sustento. Y la suscribo plenamente, porque colegas míos también son objeto de estos atropellos.

El Estado, en lugar de proteger su institucionalidad y velar por preservar a funcionarios correctos y capaces, los somete a procesos absolutamente descabellados e interminables. La propia Elena cuenta que trabajó diez años en el sector público, y desde hace 18 años enfrenta un juicio por hechos ocurridos hace 23 años, y que hace pocos meses se le ha abierto una investigación fiscal por hechos ocurridos en el 2011.

“El acoso proviene de los actores de la justicia, fiscalía y judicatura, quienes, en su afán de castigar a los culpables de delitos, reemplazan la falta de recursos para hacer investigaciones prolijas por expediciones de pesca de arrastre”, escribió días después, en este Diario, una clarísima Roxana Barrantes (“Servir al Estado”, 18/8/2024). Todo suele empezar en la contraloría, cuando se excede en su mandato y se inmiscuye en temas técnicos que no corresponden a su función. De hecho, en el Informe de Competitividad 2021, el Consejo Privado de Competitividad, Perú Compite, analizó siete informes de control previo para proyectos de asociaciones público-privadas del período 2017-2019, y encontró que el 89% de las observaciones ahí descritas se relacionaban con aspectos técnicos o de costos del proyecto, mas no con la capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos de financiamiento. Sin embargo, estos informes mal armados son utilizados luego por la fiscalía para perseguir a funcionarios de primer nivel, y es ahí donde la pesadilla se enreda.

Por supuesto que se debe investigar y procesar el delito, pero tiene que haber una mínima dosis de predictibilidad y sentido común. No puede ser que quienes lideran estos procesos no se den cuenta de que están desperdiciando valiosos recursos en las personas equivocadas.

Según el informe 2023 de la organización mundial Transparencia Internacional, el Perú es uno de los países con menor capacidad para sancionar la corrupción debido a la debilidad de su sistema de justicia, la interferencia política, la falta de independencia y la corrupción interna. Es decir, todo el sistema no funciona. Necesitamos cambios estructurales. Y eso solo se logra con reformas.

Y también con iniciativa y creatividad. Por ejemplo, para mejorar la eficiencia de los actores de la justicia y recuperar la confianza al servir al Estado, Elena rescata una idea de un colega suyo que encuentro sumamente interesante: crear un órgano colegiado de personas de mucho reconocimiento en la sociedad peruana al que los funcionarios puedan recurrir para que opinen de su caso y, así, evitar apelaciones “automáticas” o que investigaciones lleguen a ser juicios sin mayor sustento. Aunque creo que esta entidad tendría que estar fuera de la contraloría, crearle una institucionalidad ad hoc para evitar que sea juez y parte. Así como hay una Defensoría del Policía, crear una especie de defensoría del funcionario que lo proteja de las arbitrariedades.

Si nos guiáramos por la razón, los más interesados en acoger esta propuesta deberían ser la fiscalía y la contraloría, porque les permitiría trabajar de forma más célere y eficiente. Son instituciones que están desbordadas, y que deberían ser las primeras en querer aligerar su carga con eficiencia.

Mientras tanto, ¿evaluamos seriamente la propuesta de Elena Conterno? No podemos seguir ahuyentando del Estado a gente proba y capaz, y entregándoselo al crimen organizado y a la corrupción.