Una visión distinta

En el Perú, siete de cada diez trabajadores operan en informalidad, sin regulación, sin beneficios y sin seguridad. Si ni siquiera hemos logrado formalizar a quienes trabajan en las ciudades, ¿por qué habríamos de lograrlo con los pequeños mineros y mineros artesanales, cuyos trabajos se realizan dentro de socavones a horas de distancia de cualquier ciudad?

Vivimos de espaldas a la realidad. Las políticas públicas suelen ser diseñadas desde escritorios en Lima por burócratas que rara vez han pisado campo. El resultado es que esas leyes se vuelven imposibles de aplicar. Como consecuencia, la mayoría de peruanos está excluido del sistema.

El Reinfo es un ejemplo de este divorcio entre la norma y la realidad. Este registro fue creado para simplificar el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Permitía a los mineros operar de manera transitoria mientras cumplían los requisitos necesarios para su formalización. Pero la responsabilidad de ejecutar este proceso recayó en las gerencias regionales de energía y minas, que carecen de personal especializado y de equipos adecuados. El proceso obligaba a los mineros a viajar varias horas hasta la capital de la región para formalizarse. Como resultado, muy pocos lo hicieron. Una gravísima falla del sistema.

La minería artesanal y la pequeña minería no son ni pueden ser consideradas minería ilegal o criminal. Confundirlas y querer tratarlas de la misma manera va a generar un grave problema social. La minería ilegal se realiza en espacios prohibidos –ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas– y utiliza maquinaria no permitida en la pequeña minería. Mientras que la informal ocurre, en la mayoría de los casos, en los cerros de la costa y la sierra, dentro de socavones como en Nasca y Chala.

Cerca de tres millones de peruanos se dedican a la minería informal. Las cifras no son exactas porque no existe un censo minero. La minería artesanal y la pequeña minería tienen un potencial importante para generar empleo, reducir pobreza, contribuir al desarrollo local y generar ingresos fiscales. Pero tiene muchas limitaciones. No acceden al crédito formal y parte de sus ingresos se destina a sobornos y cupos para garantizar seguridad. Las operaciones se encuentran en zonas aisladas, donde no existe presencia del Estado y no hay servicios públicos. Los pequeños mineros tienen poco conocimiento sobre geología, ingeniería y contaminación ambiental, trabajan con equipos inadecuados y utilizan quimbaletes y mercurio para procesar el oro.

El Perú necesita con urgencia un proceso de formalización efectivo que permita a estos mineros transitar hacia la legalidad. El Ministerio de Energía y Minas debe crear incentivos, brindar capacitación y facilitar los trámites acercándose al minero en campo. Un ejemplo exitoso fue la titulación rural, donde cuadrillas de personal especializado acudían a las zonas más remotas para levantar información y titular predios. Si queremos formalizar, debemos construir mecanismos que funcionen.

Y necesitamos formalizarlos, porque la formalidad es la única herramienta capaz de enfrentar la ilegalidad. Derogar el Reinfo sin establecer un nuevo proceso de formalización no solo no resolverá los problemas de la criminalidad, sino que aumentará la exclusión y profundizará la insatisfacción con la democracia.