Minimizar la crisis no es el camino

El presidente Pedro Castillo no ofrece conferencias de prensa y tampoco suele brindar entrevistas. Para conocer su visión sobre los principales problemas nacionales es necesario hilvanar las declaraciones que brinda durante sus visitas alrededor del país. Recientemente, durante una actividad en el norte chico, el primer mandatario realizó declaraciones desafortunadas sobre la crisis alimentaria, en las que atribuyó el problema del hambre a la ociosidad. De esta manera, la principal autoridad de la República y líder de un gobierno de izquierda reprodujo el dañino prejuicio de que “el pobre es pobre porque quiere”.

Más allá de dichas declaraciones y de la comprensible indignación generada en la opinión pública, es alarmante que a la fecha el Gobierno no presente una estrategia concreta para responder a los desafíos que supone la crisis alimentaria y su impacto en la vulnerabilidad de la población. Hace un mes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó las cifras oficiales de pobreza que revelan un panorama retador para el Gobierno. Existen más de 8,6 millones de pobres monetarios en el Perú (el 25,9% de la población), de los que casi seis millones se ubican en el ámbito urbano y cerca de 2,7 millones se encuentran en el ámbito rural. Un dato que ha pasado desapercibido es que el número de pobres ubicados en Lima Metropolitana (aproximadamente dos millones 720 mil) supera al total de pobres residentes en el área rural (Herrera, Javier 2022).

¿Cuál es el norte programático del Gobierno para responder a este escenario? El ideario y programa de Perú Libre –oficialmente, el plan de Gobierno de la actual administración– no incluye precisiones técnicas sobre la superación de pobreza. Los Consejos de Ministros no han logrado comunicar con claridad el paquete de medidas económicas y sociales que serán implementadas para evitar el escalamiento de la crisis alimentaria y responder al deterioro en las condiciones de vida de millones de peruanos. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cartera crucial para responder al problema del hambre, sucumbe ante designaciones de titulares sin experiencia en el rubro y, además, con un listado alarmante de denuncias. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ente rector de las políticas vinculadas a la superación de pobreza, no exhibe liderazgo ni capacidad de propuesta de nuevas soluciones. Si bien los programas sociales existentes (Juntos, Pensión 65, Foncodes, entre otros) realizan una importante labor de atención a sectores pobres y vulnerables, principalmente en ámbitos rurales, no serán suficientes para atender el reto que tenemos por adelante.

Existe una serie de propuestas para responder a la crisis alimentaria presentada por organismos especializados y agrupaciones civiles. Por ejemplo, Hacer Perú ha presentado una estrategia de respuesta con medidas que incluyen apoyo alimentario, bonos focalizados y temporales, ampliación del servicio de almuerzo escolar de Qali Warma, soporte a pequeños productores agropecuarios para adquirir fertilizantes, impulso a la inversión, recuperación del rol articulador del Ministerio de Economía con entidades estatales y el sector privado, entre otras.

La crisis alimentaria es un problema global; sin embargo, la capacidad de respuesta de los países ante este reto común se diferencia por la calidad y la oportunidad de sus políticas públicas. Así como la falta de precisiones programáticas del Gobierno revela incompetencia, es necesario decir que sus decisiones políticas –como designar a funcionarios sin preparación adecuada en sectores clave– reflejan indolencia. Frente a ello, el Congreso no ejerce una función efectiva de control y, más bien, continúa impulsando leyes que afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas. Minimizar la gravedad de la crisis social e ignorar los llamados a la acción realizados desde diferentes sectores refleja ensimismamiento del Ejecutivo y del Legislativo y puede terminar siendo un búmeran para la clase política en su conjunto.