¿Para qué hablo, primer ministro?

Incómodo, adusto e intolerante. Así se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en el set de “Punto Final” la noche del domingo, en lo que más parecía una comparecencia que una entrevista.

Adrianzén no fue a plantear novedad alguna ni a establecer posición sobre nada, que es en buena cuenta lo que se hubiese esperado de su aparición en televisión nacional. La oportunidad era ideal. Un jefe del Gabinete empoderado por los cambios ministeriales que ahora sí se alineaban a su política –más o menos así lo dijo– pudo sacarle más lustre al puesto y hacerle un favor a la presidenta Dina Boluarte, que ha hecho votos de silencio desde hace más de dos meses.

Pero su visceralidad le ganó y sin libreto alguno intentó responder las preguntas que, de acuerdo con la coyuntura, cualquier periodista de nivel le haría. Con dificultad y malhumorado, Adrianzén no explicó las razones de los cambios en el Gabinete ni el súbito cambio de posición respecto de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Para el ministro daba igual la palabra ‘fraude’ u otra más amable, cuando es sabido que el lenguaje en el caso de la diplomacia debe ser estratégico. A veces, lo suficientemente ambiguo como para evitar conflictos; y otras, determinante para advertir amenazas regionales. Para Adrianzén, es “cuestión de estilos”.

Quizás para muchos peruanos la política internacional sea accesoria, pero vayamos a los asuntos locales, como la delincuencia. Durante largos y exasperantes minutos, Adrianzén se dedicó a defender al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a agudizar la peligrosa distancia institucional con el Ministerio Público (en el que, por cierto, también se cuecen habas). No solo eso, el titular de la PCM está convencido de que estamos avanzando en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, pero su discurso es vacío y sin evidencias. Adrianzén no cuenta con la habilidad para mostrar empatía con una realidad que devora a miles de ciudadanos y que ha convertido las calles en una guerra sin cuartel, donde se cuentan muertos de madrugada.

La preocupación de la mano derecha de Boluarte y defensor de Santiváñez fue tal que no se detuvo a advertir las consecuencias de la promulgada ley de organización criminal. El Ejecutivo, inmerso en su guerra con la fiscalía, no observó la ley, que ya rindió jugosos frutos a la delincuencia y que ahora, en boca del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, podría ser derogada.

Regresando a casa, de repente el ministro Adrianzén se habrá preguntado para qué fue al medio de comunicación. Nosotros, impacientes espectadores, pensamos lo mismo.