El Perú atraviesa un momento decisivo. En un contexto de recuperación económica, con un crecimiento del PBI del 3,4% en el 2025, el país muestra señales de dinamismo que fortalecen su posición regional. Sin embargo, el crecimiento debe ir acompañado de integridad institucional para traducirse en bienestar. Sin confianza en la gestión pública, el desarrollo pierde sostenibilidad.
En esta coyuntura, uno de los mayores desafíos del país es implementar políticas públicas que fortalezcan la prevención y el control, asegurando que los recursos del Estado se administren con eficiencia, legalidad y transparencia. No se trata solo de cifras, sino de que el ciudadano perciba que el Estado funciona y que corrige las desviaciones que afectan servicios esenciales.
A enero del 2026, se registran 2.471 obras públicas paralizadas, con un costo superior a S/69 mil millones y más de S/32,5 mil millones pendientes de ejecución. Esta realidad impacta en la infraestructura, el empleo y la competitividad territorial. Frente a ello, la respuesta institucional ha priorizado la prevención como política estructural, entendida como gestión anticipada de riesgos para evitar que los problemas se consoliden en pérdidas y se asegure la rentabilidad social.
Durante el 2025 se reactivaron 481 obras por S/6.031 millones, beneficiando a 7’988.590 personas y generando alrededor de 150.000 puestos de trabajo. El Sistema Nacional de Control intervino 3.279 entidades públicas, realizó 44.668 servicios y emitió 46.211 informes, identificando 11.405 responsabilidades. En el ámbito operativo se ejecutaron 18 operativos multisectoriales en el 2025, y en el 2026 ya se han desarrollado dos intervenciones y se proyectan cerca de 20 adicionales, además de 28.575 acciones de control en todo el territorio.
Todo ello se realiza en un contexto de restricciones presupuestales que obliga a priorizar calidad técnica sobre el volumen de intervenciones. En un año electoral, la fiscalización adquiere especial relevancia para garantizar que cada sol invertido tenga impacto social y que la gestión pública mantenga estándares de integridad.
En esta coyuntura, la realización de la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción (19 y 20 de febrero) adquiere particular relevancia. La participación de 34 entidades fiscalizadoras superiores de los cinco continentes fortalece el intercambio técnico y consolida una arquitectura internacional de prevención. La integridad pública no es solo un discurso, es una política indispensable para que el crecimiento económico se traduzca en confianza ciudadana y desarrollo sostenible.
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