Congreso: ¿y qué viene ahora?

Después de la serie de medidas acordadas por el Congreso la semana pasada –y de las que no alcanzó a acordar, como la del Senado–, y considerando que la inestabilidad es uno de los efectos más dañinos del accionar de su mayoría autoritaria, es legítimo preguntarse cómo seguirán actuando las bancadas que votaron cohesionadas en asuntos tan cuestionables como la inhabilitación política de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos.

Frente a la llamada “Tercera toma de Lima”, convocada para mediados de julio, es probable que Perú Libre y el Bloque Magisterial tomen distancia de sus actuales aliados y les otorguen a los movilizados un apoyo más bien medido. Entre las otras bancadas habrá seguramente posiciones divididas, según su propio recuento del volumen de la movilización y observando si involucra solo al sur del país o también a un vasto número de personas en Lima y otras regiones.

El fujimorismo habrá de tomar muy en cuenta la dimensión y el impacto de la protesta. Incluso si llegara a expresar su condena a los “disturbios”, Fuerza Popular no puede darse el lujo de desvincularse de sus bases electorales, en especial de la capital del país y de la costa norte, que le han sido fieles durante varias campañas presidenciales y parlamentarias. Además, desde el Congreso, le tocará involucrarse en sucesos de especial impacto, como las consecuencias del fenómeno de El Niño. Como partido, seguramente medirá su posición frente a un eventual adelanto de elecciones; y también, de ser el caso, para llegar al 2026 con una fuerza electoral significativa.

Lo opuesto ocurre con Avanza País y Renovación Popular: ni siquiera un escalamiento de las protestas –con un involucramiento de sectores medios, y que pasen de tener un alcance local a regional o nacional– hará que se les mueva una ceja, salvo quizá para pedir “mano dura”, porque su base está, sobre todo, entre quienes están más ideologizados y en los sectores socioeconómicos A y B.

Un segundo acontecimiento cercano que pondrá a prueba las alianzas actuales es la elección de la Mesa Directiva, un momento de la mayor importancia por el peso político que ha asumido el Parlamento. Para el período julio del 2023 a julio del 2024, tendrá que manejar una relación más compleja y hasta tensa con el Ejecutivo, en un vínculo de imprevisible derivación.

Las posibles alianzas entre bancadas para obtener la presidencia de la Mesa Directiva –o la hegemonía en su interior– se definirán solo cerca del día de la votación. Siendo importante el esfuerzo por establecer alianzas, el factor decisorio será quién queda mejor ubicado al interior de la derecha: Avanza País-Renovación Popular o Fuerza Popular. Y en este panorama, los fluidos acuerdos entre Perú Libre y Fuerza Popular dejan mejor situado al fujimorismo.

Más allá de los múltiples puntos de coincidencia de las bancadas, a partir de agosto próximo la línea divisoria se establecerá entre aquellos que aboguen por esperar al 2026 y los que, considerando el creciente desgaste de las fuerzas políticas que aparecen cogobernando con la presidenta Dina Boluarte, planteen adelantar las elecciones. En ambos casos, hay un amplio espacio para la aparición de nuevos candidatos y alternativas.

Las previsiones sobre lo que podría ocurrir al interior del Congreso no implican dejar de lado preguntas claves como qué quedará del ya maltrecho Estado Peruano en el 2026. No solo del Estado de derecho y de la democracia, sino también del Estado como maquinaria administrativa y, sobre todo, como autoridad política. ¿Qué será de su averiada legalidad y legitimidad?