El Estado Peruano es el responsable de la gran mayoría de los problemas de nuestro país. Esa es una verdad de Perogrullo. Y lo cierto es que, dados los incentivos, es poco probable que el Estado mismo pueda plantear soluciones que logren encauzar nuestro país. Esto nos lleva, una vez más, a sostener que es desde el sector privado y la academia desde donde se tienen que proponer soluciones.
El sector privado representa en promedio el 84% del total de la inversión nacional. El 16% restante es inversión pública. Esto significa que por cada S/1 que invierte el sector público, el privado invierte S/5. ¿De dónde salen los recursos del Estado? De los impuestos que pagamos todos los peruanos. Y, por ello, es el sector privado el que tiene la responsabilidad de exigirle al Estado rendir cuentas y priorizar proyectos de salud, educación, nutrición y redes de protección social para los más pobres, que les permitan mejorar su calidad de vida y poder ser absorbidos por el mercado. Y, además, proyectos que permitan cerrar la enorme brecha de infraestructura.
El problema con no tener una clase política preparada es que la discusión en el Congreso responde exclusivamente a intereses personales y no a lograr el desarrollo y crecimiento del país. Es increíble que las bancadas del bloque de derecha hayan cedido la presidencia de dos comisiones muy importantes para el desarrollo de la economía peruana: la de Economía a Acción Popular y la de Energía y Minas al Bloque Magisterial. Y que la presidencia de la de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología esté en manos de Guillermo Bermejo. ¿Por qué esta comisión es tan importante? Porque es precisamente desde aquí donde se promueven normas que limitan las grandes inversiones.
Mientras el Ejecutivo parece no tener urgencia en enmendar el rumbo e impulsar la inversión privada que permite el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y los recursos necesarios para financiar al Estado. ¿Cómo sacamos al Perú del estancamiento en el que nos encontramos? Es indignante que ahora debamos asignar US$3 mil millones a Petro-Perú para financiar los delirios de la izquierda peruana. Cuando hay 10 millones de peruanos en pobreza y 51% de la población en inseguridad alimentaria. Como lo es el hecho de que el Estado no haya podido culminar la vía expresa Santa Rosa para permitir el acceso al nuevo Jorge Chávez, que no haya un plan de desarrollo para Chancay y que Pataz esté en control del crimen organizado.
¿Cómo logramos que el Perú sea un país viable con un Estado incapaz, en un entorno precario y una clase política como la nuestra? ¿Cómo acabamos con los altísimos niveles de ilegalidad que ponen en riesgo nuestra integridad y la posibilidad de desarrollarnos? ¿Cómo paramos la enorme corrupción y la impunidad con la que operan delincuentes y políticos (valga la redundancia) todos los días? El Perú no solo necesita un recambio de políticos; necesita cambiar sus instituciones (las reglas con las que operamos) porque las que tenemos fomentan la corrupción, el mercantilismo, los privilegios y la incapacidad del Estado. La única forma de lograrlo es si desde el sector privado y la academia decidimos comprarnos el pleito.