¿Se repite la historia?

Resulta casi increíble ver cómo el gobierno de Dina Boluarte está lidiando con la crisis de Petro-Perú. Que haya esperado a que el directorio liderado por Oliver Stark renunciara –dos semanas después de un ultimátum público– para aprobar un decreto de urgencia que busque resolver su falta de liquidez y que aún no se sepa a quiénes les van a entregar las riendas de la petrolera ya no nos permite pensar que sus acciones estén guiadas por la incompetencia, sino por la confusión ideológica.

Al cierre de esta columna, todavía no se había publicado el decreto de urgencia que se aprobó el miércoles durante el Consejo de Ministros. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha indicado que están otorgando una ayuda financiera a Petro-Perú, pero no se sabe de cuánto ni a través de qué modalidad. Las opciones son múltiples: un nuevo aporte de capital, postergar el pago del préstamo por US$750 millones que se le otorgó en el 2022, mayores garantías para préstamos o nuevas líneas de crédito con el Banco de la Nación.

Todas ellas, en distintos grados, comprometen al fisco y generan el riesgo de que se pierda la ya golpeada confianza de los inversionistas y de las agencias calificadoras de riesgo sobre la capacidad del Perú para mantener en orden sus finanzas públicas.

Incluso un golpe mayor sería colocar al mando de la petrolera a los responsables de su debacle, como el exministro de Energía y Minas Óscar Vera, con el que la presidenta Dina Boluarte se volvió a reunir esta semana, o el expresidente del directorio Pedro Chira.

Pero también cabe preguntarse qué profesional serio aceptaría ingresar al directorio de Petro-Perú después de ver cómo el Gobierno ha (mal)tratado al presidido por Oliver Stark.

El problema de fondo es que después de la salida del directorio, precisamente por ‘atreverse’ a exigir que Petro-Perú se reestructure, ¿quién le va a creer al Gobierno que efectivamente va a tomar medidas políticamente costosas para resolver sus graves problemas financieros y operativos?

Mucho ha adelantado que, a cambio del apoyo económico, se exigirán medidas de austeridad, pero que estas vayan a mover la aguja es algo difícil de creer. Recordemos que el decreto de urgencia que aprobó el aporte de capital de octubre del 2022 por S/4.000 millones también exigía que se implementase un plan de reestructuración y la historia se estaría repitiendo menos de dos años después.

El Gobierno debe reconocer que continuar por el mismo camino esperando distintos resultados no tiene ningún sentido, y que solo tomando decisiones difíciles se recuperará la dañada confianza y se reflotará Petro-Perú. Aunque tal vez ya sea demasiado tarde para ello.