El alcalde que no quería el progreso de su ciudad

Lima es una ciudad donde viven más de diez millones de personas y que ha crecido, y sigue creciendo, sin planificación urbana. Como consecuencia de este crecimiento desbordado, un importante número de limeños vive en viviendas hacinadas, sin acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad), sin pistas, veredas ni seguridad. Y con un sistema de transporte precario, controlado por mafias de transportistas e intereses informales que ponen en riesgo diariamente la vida de millones de personas.

Los más afectados son aquellos que viven en la periferia de la ciudad y que dependen del transporte público para movilizarse, pues deben pasar más de dos horas diarias para llegar a sus centros de trabajo. Un sistema donde el abuso es la norma. Es claro que Lima necesita un sistema de transporte masivo, seguro y rápido. Uno de los proyectos que buscaba modernizar el transporte es la línea 2 del metro, que unirá 13 distritos de la capital en el eje este-oeste con una inversión total de US$4.531 millones y que debió ser entregada en el 2019. Se espera que para el 2030 sean 1,2 millones de limeños los usuarios. Y, sin embargo, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, ha decidido oponerse al desarrollo de la línea 2 del metro, impidiendo la construcción de la estación central y exigiendo que se modifique el modelo constructivo, lo que implica una modificación al contrato de concesión que requiere una negociación que puede tomar años y un aumento significativo en los costos del proyecto (el costo de cada mes de retraso es US$10 millones). La construcción de la estación central requiere que se hagan cierres parciales de las avenidas Paseo Colón y Garcilaso de la Vega, lo que para el alcalde es inaceptable. Sin las autorizaciones municipales, la construcción no puede continuar.

Las municipalidades son órganos del gobierno local dirigidos por un alcalde encargado de fomentar las inversiones, promover el desarrollo local, regular el transporte, ejecutar proyectos y obras de infraestructura y atención de salud primaria y educación, pero esto rara vez ocurre. Por un lado, muchas de estas instituciones plagadas de corrupción imponen barreras al libre desarrollo de la inversión privada (coimas, contratos indebidos, autorizaciones ilegales). Mientras que, por el otro, la priorización y la ejecución de obras de infraestructura no responden a las necesidades urgentes de su población ni tienen la calidad debida, porque responden a intereses ilegales. Existen alcaldes que llegan al poder para hacer negocios indebidos, en algunos casos, o que no tienen la capacidad para enfrentar a las mafias que operan en sus distritos. Pero en otros, es populismo puro y duro.

Los alcaldes son elegidos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que viven y trabajan en sus distritos. No son elegidos para cambiar las reglas de juego ni para detener el crecimiento y la inversión. De hecho, los alcaldes son llevados al poder para que, al terminar su mandato, entreguen una ciudad en mejores condiciones. Para lograrlo es necesario, además de mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios de calidad, realizar las obras de infraestructura necesarias y generar un ambiente propicio para la inversión privada.

López Aliaga, además de ser el alcalde de la ciudad más grande de nuestro país, es empresario. Y uno importante. Por ello es difícil entender las pocas luces que lo alumbran. La línea 2 del metro generaría un ahorro importante en los tiempos de transporte. La ATU ha señalado como ejemplo que entre Lima y el Callao se reduciría el tiempo de traslado de 2,5 horas a 45 minutos. Una mejora importante en la calidad de vida de miles de limeños y chalacos. Bien haría en repasar la gestión de Luis Bedoya Reyes, quien en 1967 entendió que el crecimiento de la ciudad demandaría arterias que le permitieran a los limeños cruzar la ciudad de la forma más directa y rápida posible. Y quien además tuvo la capacidad para ejecutar su visión. Algo muy poco común en los políticos actuales.

Muchos alcaldes hoy son una gran barrera para los ciudadanos, las empresas y el desarrollo de nuestras ciudades. Como ciudadanos debemos levantar la voz y ponerle un alto al abuso.