¿Una sociedad sin regulación?

Más allá de los temas técnicos, el colapso del techo del Real Plaza de Trujillo obliga a evaluar qué medidas de política pública están fallando cuando se trata de proteger a la ciudadanía en ámbitos de orden privado. Luego de tan terrible experiencia, hay que detenerse a pensar qué debe reformarse, en este terreno, para evitar eventos similares o aún más graves.

En el debate político –y hasta académico– se ha consolidado como verdad inamovible la idea de que la regulación estatal perjudica la inversión privada. Incluso entre legisladores, las responsabilidades que corresponden al Estado y los intereses de los inversores privados se perciben como irreconciliables. Sin embargo, a estas alturas de las tragedias, tal postura es anacrónica y exige una revisión urgente.

Es cierto que numerosas municipalidades son malas propagandistas de la regulación estatal al actuar como máquinas de imponer multas en lugar de enfocarse en cuidar que las cosas se hagan correctamente, incluso colaborando con los privados, ya sean particulares o empresas. Sin embargo, los errores o malas prácticas no justifican en modo alguno que se excluyan o minimicen las regulaciones. El reto es reformar estas instituciones y transformar su cultura de no colaboración y burocratización calculada, en la que suele germinar la corrupción.

El Estado central debe dotar, además, de mayores capacidades a los municipios o incluso generar instancias de control distintas a las comisiones municipales que ven el “día a día” de la localidad –integradas por profesionales que cobran en función de horas de trabajo, no de exigencias de supervisión– para que evalúen con un ojo regulador hiperexigente las grandes obras edificadas para el uso diario de millares de personas, como los centros comerciales. Es imprescindible ir más allá de la estandarización de procedimientos aprobada para facilitar la inversión privada, sin un contrapeso que garantice el respeto de los altos estándares necesarios para la seguridad de los usuarios.

En el Perú, hoy por hoy, valorar la vida humana implica revalorar el papel del Estado como garante del interés colectivo. Urge construir, al menos, determinadas áreas de eficiencia, como el Banco Central de Reserva. Hay que prepararse ante posibles catástrofes –como un terremoto en Lima–, además de responder a los permanentes desafíos del cambio climático y enfrentar el crecimiento de la criminalidad organizada. También en estos frentes la cooperación entre la sociedad, el Estado y la inversión privada es compleja, pero imprescindible. No hay otra salida.