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La red social X está apagada en Brasil desde el sábado. Así lo dictaminó el juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema después de que Elon Musk, dueño de X, no acató sus órdenes de suspender cuentas de individuos que supuestamente amenazan la democracia.
Musk dice que las órdenes del juez, lejos de resguardar la democracia, la ponen en peligro al vulnerar la libertad de expresión y violar el Estado de derecho. Le guste Musk o no, el empresario multimillonario tiene razón. Además, parece que está dispuesto a pagar un precio alto –perder un mercado de cientos de millones de brasileños– para defender su postura.
Como muchos países, Brasil se ha polarizado políticamente y las redes sociales han sido criticadas por permitir la desinformación o el extremismo, o por demostrar un sesgo ideológico a la hora de decidir sobre el contenido admisible. Como en muchos países, hay quienes quisieran regular mucho más a las empresas ‘big tech’.
A diferencia de otros países democráticos, sin embargo, en el 2019 la Corte Suprema de Brasil otorgó poderes amplios a uno de sus miembros para contrarrestar la desinformación y las ‘fake news’ de la derecha que se suponía estaban desestabilizando la democracia. En la práctica, esto ha convertido al juez encargado en investigador, fiscal y magistrado, todo a la vez. Muchos de los casos que trata el juez Moraes se conducen en secreto, sin posibilidad de defensa y en muchos casos sin ni siquiera saber cuál fue el supuesto delito cometido.
El año pasado, así describió “The New York Times” los abusos en los que ha incurrido Moraes: “Ha encarcelado a personas sin juicio previo por publicar amenazas en las redes sociales; ha ayudado a condenar a un diputado a casi nueve años de prisión por amenazar a la corte; ha ordenado redadas contra empresarios sin apenas pruebas de irregularidades; ha suspendido de su cargo a un gobernador electo; y ha bloqueado unilateralmente decenas de cuentas y miles de publicaciones en las redes sociales, prácticamente sin transparencia ni posibilidad de recurso”.
No es normal que en una democracia se persiga y condene legalmente a tanta gente sin un debido proceso y simplemente por expresar opiniones no violentas. Numerosos periodistas y personalidades populares en redes sociales han sido censurados por Moraes. Por ejemplo, al muy leído periodista Paulo Figueiredo el juez Moraes le bloqueó sus cuentas en medios sociales, le congeló sus cuentas financieras y le canceló su pasaporte mientras se encontraba fuera de Brasil. Supuestamente esto se hizo porque presentó informes que cuestionaban la integridad del sistema de votación.
En otros casos, la persecución ha sido contra empresarios cuya comunicación privada y no violenta fue filtrada al público, contra diputados y contra ejecutivos de empresas ‘big tech’ por criticar una propuesta de ley. El 8 de agosto, Moraes ordenó a X bloquear a un senador sin dar explicaciones o justificar la orden.
Al no cumplir las órdenes de Moraes, el representante de X en Brasil estuvo expuesto a ser encarcelado, por lo que X lo despidió. Moraes dice que ha cerrado X porque la empresa se rehúsa a nombrar un representante legal en Brasil. Pero muchas redes sociales en Brasil no tienen representantes locales, incluso la empresa BlueSky, que es la que el presidente Lula animó a la gente a usar en vez de X.
Las decisiones de Moraes son absolutamente arbitrarias. No se basan en leyes, sino en sus propios criterios no definidos. Se desconoce por qué emite ciertas decisiones y luego las altera sustancialmente. Lo que sí es constante es que los perseguidos pertenecen a la oposición política o son quienes han criticado al gobierno.
Los brasileños tienen suerte de que Musk esté desafiando a una persona que ha acumulado un enorme poder arbitrario, un poder que no debería tener lugar en ninguna democracia.
