Reinfo: fracaso de la democracia

La aprobación del dictamen que prorroga el Reinfo hasta el 2027 representa el fracaso del Perú en dar solución a un problema complejo. Cuando menos no se aprobó la reincorporación automática de los 50 mil excluidos, sino solo si cumplen los requisitos legales y tienen operación efectiva.

Es asombrosa la facilidad con la que la presión de los informales e ilegales y la venalidad política pueden ser más fuertes que el imperativo de ordenar dentro de la ley una actividad que puede ser muy dañina y peligrosa y al mismo tiempo muy beneficiosa si se legaliza respetando estándares mínimos.

Lo que vemos es el fracaso de la capacidad de formar una voluntad colectiva para resolver el problema o de sostener un esfuerzo ya iniciado. Casi lo único positivo del gobierno de Boluarte había sido la decisión de limpiar el Reinfo y formalizar a 31 mil registros antes del 31 de diciembre. Había una ruta ya trazada y en ejecución. El costo del cambio de gobierno fue la pérdida de esa voluntad política y de esa ruta. El presidente del Consejo de Ministros sigue repitiendo que el Ejecutivo no ha discutido el tema ni ha fijado posición, y al ministro actual parece que solo le interesa copar el sector Dios sabe con qué propósitos. Increíble.

Detrás de eso está la incapacidad y falta de voluntad de todos los actores para ponerse de acuerdo en una ley MAPE. Esa ley representa efectivamente un desafío muy grande, porque supone conciliar intereses opuestos. Ante eso, el fracaso de la democracia peruana ha sido total. La responsabilidad es no solo de los gremios de informales, expertos en imponer por la fuerza la continuidad de un registro que cobija a los ilegales, sino también en parte de la Sociedad Nacional de Minería que pudo jugar un papel más proactivo en la búsqueda de soluciones o en elaborar una propuesta de ley MAPE. También de un Ministerio de Energía y Minas sin energía y sin ideas, salvo en los últimos meses del gobierno de Boluarte.

Y de los partidos políticos presentes en el Congreso, que mantuvieron al Bloque Magisterial-Perú Libre al frente de la Comisión de Energía y Minas a sabiendas de que está vinculado a la minería informal/ilegal y no tenía interés en proponer una ley MAPE sino solo prorrogar el Reinfo y reincorporar a los 50 mil excluidos. Nunca buscó un diálogo genuino que permitiera arribar a fórmulas de consenso. Esa comisión debió haber sido asumida por Diana Gonzales, pero ni siquiera tuvo el apoyo de su propia bancada.

La confabulación ha sido general, pese a ser este un tema decisivo para el futuro del Perú y de la propia inversión minera. Si se resuelve, se consolida el estado de derecho y se da un paso gigante en la integración nacional de un amplio sector de empresarios y trabajadores mineros principalmente andinos. Su incorporación al sistema legal y fiscal nos pondría en otro nivel de desarrollo.

Por eso, es indispensable formar una voluntad política y nacional para sacar adelante una buena ley MAPE y avanzar en la formalización antes de las elecciones. Sería un punto de quiebre.