Sin acciones hoy, no habrá crecimiento mañana

Entrando al proceso electoral 2026, marcado por la incertidumbre política y la fragilidad de las expectativas económicas, el lanzamiento del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible por parte del MEF constituye una señal positiva. Como signataria del acuerdo, considero valioso que se vuelva a colocar en el centro del debate público la disciplina fiscal como pilar del crecimiento sostenido y sostenible del país.

El Perú construyó durante más de dos décadas una reputación de manejo macroeconómico responsable que permitió enfrentar crisis externas, reducir pobreza y atraer inversión. Esa reputación, sin embargo, se ha ido erosionando en los últimos años. El déficit fiscal, que antes de la pandemia se ubicaba en torno a 1% del PBI, se ha mantenido elevado y cerró el 2024 cerca del 3% del PBI, mientras que la deuda pública bruta pasó de niveles cercanos al 20% del PBI en el 2013 a ahora proyectándose en 32% del PBI. Aunque estas cifras siguen siendo manejables, la pérdida del ancla fiscal debilita la confianza y encarece el crecimiento futuro.

Por ello, el principal desafío del acuerdo no está en su diagnóstico sino en su credibilidad política. Hoy no basta con una hoja de ruta. El país necesita confianza, y la confianza solo se construye con acciones concretas, observables y tempranas. El primer semestre del 2026 será decisivo: si las autoridades están realmente comprometidas con la disciplina fiscal, deben demostrarlo desde ahora. En esa línea, resulta relevante el anuncio de la ministra Denisse Miralles sobre la reestructuración de Petro-Perú sin nuevos recursos del Estado. El mensaje es claro: no se puede seguir socializando pérdidas ni comprometiendo recursos públicos escasos para sostener empresas estatales sin reformas profundas de gestión y gobernanza.

Este mensaje debe extenderse al conjunto del sistema político. Si realmente queremos enfrentar la llamada “deuda social”, entendida como la necesaria actualización de los salarios de los servidores públicos, debemos ser claros con la ciudadanía: no existe forma responsable de hacerlo sin un ancla fiscal sólida, tanto en el corto como en el largo plazo. Reconocer la necesidad de ajustes solo puede atenderse de manera sostenible si se preservan las reglas macroeconómicas.

Se requiere revisar la planilla pública y sus múltiples e ineficientes esquemas, ordenarla dándole un marco responsable y alineado con la capacidad fiscal del Estado. Incrementos remunerativos permanentes no resuelven la deuda social; la trasladan al futuro y terminan debilitando tanto las finanzas públicas como la estabilidad e incentivos laborales que se busca proteger. Por ello, las mejoras salariales deben estar asociadas a meritocracia, desempeño y efectividad del gasto, así como a una reforma integral del servicio civil. La calidad del gasto importa.

La inversión pública es el otro gran frente pendiente. El Perú ejecuta cada año montos cercanos al 5% del PBI, pero los resultados en cierre de brechas siguen siendo insuficientes. No garantizar la provisión efectiva del servicio público al ciudadano es una forma ineficiente de usar recursos fiscales. Cerrar el ciclo completo del proyecto debe ser una prioridad real.

Los marcos fiscales funcionan cuando están respaldados por instituciones sólidas y voluntad política para respetar las reglas, incluso en contextos adversos. De lo contrario, los acuerdos se convierten en declaraciones bien intencionadas que no logran influir en las decisiones de inversión ni en las expectativas de los agentes económicos. El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible abre una ventana de oportunidad para reconstruir consensos básicos en torno a la política económica. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente.

La advertencia es clara para el Ejecutivo y el Congreso: si en los próximos meses se insiste en debilitar las reglas fiscales, la confianza volverá a perderse y con ella la posibilidad de sostener tanto el crecimiento como la atención al ciudadano que hoy se demanda. Si aspiramos a un desarrollo más alto, más inclusivo y verdaderamente sostenible, la disciplina fiscal debe volver a ser una política de Estado. Las decisiones que se tomen hoy definirán si este acuerdo marca un punto de inflexión o si será recordado como otra oportunidad desperdiciada.