El Congreso se ha convertido en el paradero preferido de los transportistas informales. Desde el 2021, El Comercio ha contado 128 visitas de operadores de estos gremios a despachos de al menos diez congresistas. El récord se lo lleva Wincler Delgado Monteza, que ha entrado 37 veces al Parlamento representando a la Federación de Autos Colectivos.
Sabe Dios qué habrán pactado, pero el hecho es que cinco congresistas han terminado presentando proyectos de ley que van en contra de la reforma del transporte pasándose por encima cualquier criterio técnico y de seguridad, como lo demuestra un informe que publica hoy El Comercio. Entre ellos, Luis Aragón, de Acción Popular, quien propuso incluir a los autos M1 en la formalización del taxi colectivo en carreteras. O sea, los sedán, los station wagon y las minivanes más pequeñas y peligrosas. Aragón es nada menos que el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso. Y podría llegar más lejos.
El bloque de izquierda pretende lanzarlo a la presidencia del Congreso. Lo apoyan Perú Libre, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático-JP y Perú Bicentenario junto a sus aliados de Acción Popular y Podemos Perú. Así que un defensor de los colectiveros, de la ilegalidad y del caos podría terminar convirtiéndose en la cabeza del Poder Legislativo.
Aragón parece no tener ningún reparo en que un tico repleto de pasajeros vaya a más de 100 km por hora en una carretera y tampoco le importa que se normalice un servicio ilegal e inseguro en la capital. Y eso es terrible en un país donde cada año mueren tres mil personas en siniestros viales. Ocho vidas perdidas al día.
Nuestro periodista Juan Pablo León recuerda que solo durante los primeros cinco días en que el Congreso legalizó el taxi colectivo en las carreteras del país, en diciembre del 2020, murieron 20 personas. Y ahora, con la ayuda de los congresistas, se pretende legalizar este servicio en Lima, que ya es la ciudad con mayor congestión vehicular en América Latina generando aún más tráfico y quebrando a las empresas que apuestan por la formalidad. En vez de impulsar un sistema de transporte público eficiente, seguro y de calidad, se prefiere una competencia de carritos chocones.
Además de Aragón, tenemos a Segundo Montalvo, el autor de la ‘ley mordaza’, un sujeto que tiene el brevete cancelado por multas y suma cinco procesos penales, que ha presentado dos proyectos para formalizar el taxi colectivo en Lima. Y también a Guido Bellido, investigado por terrorismo, que es autor de dos proyectos para legalizar los autos más peligrosos como colectivos. ¿Vamos a permitir que Lima siga condenada al peor transporte público de América por ellos? Gente que pacta con ilegales poniendo en riesgo miles de vidas a cambio de votos. Un transporte público de calidad es posible y mejorará la vida de todos. Un buen primer paso para alcanzarlo es mandar al tacho los proyectos de estos congresistas.