Una historia sin fin

Desde que el viernes 13 de junio se hiciera pública la decisión de la Junta Nacional de Justicia que anuló la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, hemos sido testigos de una batalla legal en la que, paradójicamente, la legalidad ha sido seriamente afectada.

Más allá de todas las medidas dilatorias interpuestas por la fiscal de la Nación en ejercicio Delia Espinoza para negarse a acatar una decisión de la Junta Nacional de Justicia, hemos visto cómo para algunos la defensa del Estado de derecho es selectiva. También hemos observado cómo la justicia en el Perú sí puede ser rápida cuando se lo propone.

El último martes 24 de junio, la pregunta era: ¿entra o no entra la policía a hacer cumplir el mandato de la JNJ y sentar a Patricia Benavides en el sillón de fiscal de la Nación? Para entonces, la junta ya había solicitado el “auxilio de la fuerza pública” para disponer el retiro de la señora Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Horas antes, Espinoza había aclarado: “No es desacato, es la ley”. En clara admisión que estaba incumpliendo una decisión de la JNJ.

Mientras al director de la PNP se le solicitaba el “auxilio de la fuerza pública”, el Poder Judicial realizaba una audiencia de suspensión en el cargo de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema, la que se resolvió en tiempo récord. El juez Segismundo León que participó en la audiencia que concluyó por la tarde del 24, decidió suspender a Patricia Benavides de fiscal suprema a la medianoche del miércoles 25. Con esta decisión, el mandato de la JNJ se volvía inejecutable.

En este punto es importante tomar nota de la línea de tiempo.

Según Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, el 9 de junio la JNJ sesiona y aprueba anular la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema. El 11 de junio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicita al Poder Judicial la suspensión de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación por 36 meses y el 12 de junio remite una denuncia constitucional al Congreso contra Benavides Vargas por ser la presunta autora de los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento personal y abuso de autoridad en el caso Cuellos Blancos.

¿Coincidencia? ¿Tenía conocimiento Delia Espinoza de lo decidido el 9 de junio y se apresuró a presentar el pedido de suspensión al Poder Judicial el 11 de junio?

La decisión judicial de suspensión de 24 meses a Benavides está tomada y ella ha dicho que acatará la medida. En tanto su defensa ha planteado la interrogante acerca de cómo se puede suspender del cargo a una persona que no lo había asumido, por lo que apelaron.

A simple vista con la suspensión a Benavides la controversia habría concluido, pero los hechos muestras que esta historia está aún lejos de terminar.