¿Estamos condenados a que nuestros políticos se corrompan para llegar al poder o se vuelvan ladrones al ejercerlo? Si es así, ¿qué estamos pagando? La única forma de exorcizar a la patria de estos demonios es que paguen sus culpas.
Y algo se ha conseguido. A Alberto Fujimori, hace mucho, y a Alejandro Toledo, hace poco, se les condenó por corrupción. Las acusaciones fiscales por lo mismo contra Ollanta Humala y Martín Vizcarra fueron contundentes, como se está corroborando en juicios que acabarán pronto. Por golpista, Pedro Castillo iniciará el suyo dentro de poco y, sin duda, le sucederán los de corrupción. Se suma Dina Boluarte, que dado todo lo que ya conocemos parece querer reservar un sitio en la misma mesa.
En juicio también está Keiko Fujimori, adicionalmente señalada por militantes de su partido que buscan ser colaboradores eficaces. Incluso más complicada es la situación de Susana Villarán, cuyo juicio oral empieza pronto, siendo que ella misma reconoció haber recibido dineros ilícitos de Odebrecht.
La corrupción se reproduce a todo nivel. En muchos congresistas de antes y de hoy; a estos últimos no les importa que los criminales violentos salgan favorecidos con tal de protegerse de las investigaciones que los adornan. Se da en notorios ministros que ya se fueron y continúa con otros que se aferran como garrapatas al poder. No pocos alcaldes y gobernadores regionales están condenados o procesados por lo mismo.
Es doblemente preocupante que también se corrompan miembros de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, desde policías hasta agentes penitenciarios, pasando por jueces y fiscales. Y la lista sigue…
A la vez, hay no pocos casos de personas injustamente acusadas e incluso condenadas, o que enfrentan procesos que nunca acaban.
Volviendo a lo positivo, es importante anotar que un gran aliado en la lucha contra la corrupción es el periodismo que investiga y denuncia.
Algunos ejemplos: “Punto final” ha denunciado que en Qali Warma por años se ha dado comida podrida e incluso para perros a niños en pobreza. “Cuarto poder” ha puesto en evidencia que se montó un operativo policial falso en el que se detuvo a nueve personas totalmente ajenas al delito como si fueran extorsionadores para mostrar “éxitos” en los estados de emergencia.
El Comercio ha dado cuenta de que en camiones de propiedad del alcalde de Pataz se trasladaron impunemente S/100 millones en oro ilegal.
“Beto a saber” ha revelado que en el Congreso habría una red de prostitución montada por el exjefe de la oficina legal, quien contrataba mujeres sin experiencia ni formación para que sus servicios sexuales fuesen ofrecidos en el Parlamento. Que más de 40 balazos acabaron con la vida de una joven funcionaria del Congreso que, se señala, “sabía demasiado” de esta trama; y, de paso, al taxista venezolano que, sin saber nada, la transportaba.
Deprimente todo ello y escalofriante lo último, pero mejor saberlo a que permanezca oculto. Toca ahora hacer su trabajo a los fiscales y, de ser el caso, a los jueces.
A trompicones y en medio de tanta inmundicia, algo se avanza en la lucha contra la impunidad. Si en el 2025 ello se ratifica y, además, sigue siendo cierta la aguda afirmación del periodista Andrés Oppenheimer de que “el Perú crece de noche cuando los políticos duermen”, podría asomarse una linternita al final del túnel.
Coda: lo advertí en mi columna anterior; la venganza de Dina Boluarte se iba a concretar contra los coroneles Colchado y Lozano. Frente a ello, hay voces que les sugieren que se dediquen a la política, que les va a ir bien porque la gente los respeta. No, lo que ellos quieren es ser policías. Colchado diciendo “los buenos policías no agachan la cabeza ante nadie” lo confirma. Ojalá lo justo prime y puedan volver a serlo.