Venezuela sin Maduro

En el desenlace del film “Muerte en el Orient Express” (Sídney Lumet, 1974), cuya trama transcurre en un tren que viaja de Estambul a Inglaterra, el detective Hércules Poirot afirma: “Un asesino repulsivo ha sido asesinado repulsivamente y tal vez merecidamente”. La frase no figura en la obra original de Agatha Christie, pero mejora la última escena al explicitar el dilema moral ausente en el libro. El repulsivo Ratchett, culpable impune de la muerte de muchas personas, es apuñalado 12 veces por 12 deudos de sus víctimas quienes, a pesar de haber sido descubiertos por Poirot, no fueron denunciados por este. ¿Por qué? La única explicación es que daba por bien muerto a Ratchett. Poirot baja en una estación del tren para encubrir los hechos ante las autoridades del país que recorría y dice: “Voy a lidiar con la policía yugoslava y con mi conciencia”.

Eso pasó con Nicolás Maduro: su captura fue ilegal, pero estuvo merecidamente sacado del poder para que comience a responder por sus crímenes. ¿Es posible aceptar ambas posturas? Para algunos no, porque si la legalidad es violada en el paso uno –la llamada “extracción”–, lo que venga después deviene en nulo. Esa será la posición que defenderá el abogado de Maduro, Barry J. Pollack, en el juicio por narcotráfico en Nueva York. Asumiendo que el gobierno norteamericano cumplía una orden judicial de su propio sistema, no se entiende cómo, para ejecutarla, debía controlar el petróleo del país donde intervino. Esta objeción se discutirá en el juicio, junto con otra derivada del hecho de que la Constitución estadounidense otorga únicamente al Congreso el poder de autorizar el uso de la fuerza ofensiva por parte del gobierno, excepto en casos de legítima defensa.

De todos modos, un país no puede declarar delincuente a un dignatario e ir a apresarlo en su país de residencia. El derecho internacional otorga a los jefes de Estado inmunidad ante tribunales extranjeros, protegiendo no a su persona sino a la soberanía de las naciones. Pero Maduro carecía de legitimidad por haber robado las elecciones. Lideraba un Estado criminal que alojaba a bandas narcoguerrilleras, oprimía a su pueblo y asesinaba a sus opositores, originando la huida de millones de venezolanos. Intervino en los asuntos internos de los países de la región para financiar movimientos afines, cometiendo delitos atroces en varios de ellos. Incluso puede llegar a demostrarse que en 2024 organizó el asesinato en Chile del excapitán del Ejército bolivariano Roland Ojeda, acusado de conspirar contra su régimen. Era asilado político.

En noviembre del 2025 asistí, en Buenos Aires, a una conferencia del oficial de la policía chilena que dirigió la investigación, Hassel Barrientos, jefe de una brigada antisecuestros. Pormenorizó las acciones de miembros del Tren de Aragua que operaban en el país después de recibir, desde el exterior, la orden de asesinar a Ojeda. Disfrazados de policías lo extrajeron de su domicilio, lo asfixiaron durante varias horas hasta que murió y lo enterraron en un hoyo profundo debajo de un bloque de cemento. Dos de los delincuentes fueron detenidos en Costa Rica y los Estados Unidos. Dieciséis personas participaron en la extracción, traslado, custodia e inhumación ilegal, usando tres vehículos. Hay 17 imputados, 12 detenidos y cinco prófugos. Basado en testimonios, Héctor Barros, fiscal de crimen organizado en Santiago de Chile, declaró que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, es el presunto autor intelectual y financiador del asesinato. Anunció que solicitará que Maduro declare sobre el caso en el juicio que afrontará en Nueva York.

Maduro, pues, era un violador pertinaz de los principios que guían a las naciones, cuyos mecanismos no siempre resultan efectivos para reparar estropicios y fueron perforados por continuos incumplimientos, como Rusia cuando invadió Ucrania o, para no ir lejos, como Colombia cuando eliminó al líder de las FARC Raúl Reyes en territorio de Ecuador. Dos de muchos ejemplos. Es cierto que las infracciones no crean otra legalidad, pero la situación de Venezuela había llegado a un punto tal que era razonable considerar que los derechos humanos de su población estaban por encima del derecho internacional. Y a esta situación se llegó en buena medida porque países de la región como México, Colombia y Brasil, que son los que con más firmeza han denunciado la violación de la soberanía venezolana, no hicieron lo suficiente para que Maduro dejara el poder luego de perder las elecciones.

El reputado catedrático de la Universidad de León Juan Antonio García Amado publicó por estos días que, ante la posibilidad de que un Estado A intervenga en un Estado B de forma jurídicamente inválida pero moralmente justificada, cabe una pregunta importante: ¿el fin deseado era la justicia? Ante ello uno podría desaprobar la acción, con prevalencia de lo principista, o aprobarla, priorizando lo pragmático. Ambas tendencias son legítimas, pero hay un dato disruptivo en el caso bajo análisis. Estados Unidos no secuestró a Maduro fundamentalmente para restaurar la democracia, o defender los derechos humanos o combatir el tráfico de drogas, aunque estos beneficios formaban parte del menú. Había un interés geopolítico detrás que puede –o no– contribuir a objetivos altruistas. Por eso no basta con celebrar alegremente la caída del dictador.

Donald Trump presentó su extracción con un mensaje indisimuladamente imperialista: un gobierno títere haría control social, entregaría a los norteamericanos el manejo del petróleo y facilitaría la redemocratización en un tiempo indefinido bajo supervisión. Luego amenazó con invadir a otros países. Declaró a “The New York Times” que operará con sus propias reglas, al margen del derecho internacional. La discusión se trasladó de Venezuela a una posible invasión norteamericana a Groenlandia, que pertenece al Reino de Dinamarca y, por lo mismo, a la OTAN. Con los días se hizo evidente que la extracción de Maduro no estaba en función de la lucha contra las drogas sino del tablero de confrontaciones entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Entre los dos primeros principalmente.

Así las cosas, los países de América Latina y El Caribe, ubicados en el hemisferio occidental que “le pertenece” a los Estados Unidos, tienen que pensar cuidadosamente el tipo de relación que desean con el amenazante dueño del barrio. Por lo pronto, los mandatarios de Colombia y México, dos de los países que más enfáticamente se opusieron al secuestro de Maduro, se apresuraron a llamar a Trump para ofrecerle cooperación, obteniendo Gustavo Petro unas palmaditas en el hombro más la promesa de ser recibido en Washington, y Claudia Sheinbaum una conversación cordial nada prometedora. Trump había insinuado que podía hacer operaciones terrestres en México tras decir que los cárteles, y no su presidenta, gobernaban ese país.

Es imposible, por el momento, saber si funcionará la liberación de los presos políticos, el regreso de los perseguidos, la destrucción del narcotráfico, el desmontaje del chavismo, el renacimiento de la industria petrolera y, además, una transición con elecciones libres. El Ejército venezolano tiene más de 2.000 generales. ¿Quiénes serán purgados, a quién obedecerán los que se queden? Trump puede ser derrotado este año en las elecciones de medio término o, peor aún, acabar destituido. Mientras tanto reparte alabanzas por igual a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado, quien le regaló su medalla del Premio Nobel queriendo llevarse mejor con él. Ambas se muestran felices. Para países como el Perú, incluso en la eventualidad de una alianza comercial, política o militar con los Estados Unidos –dependerá del resultado de las elecciones–, lo más importante es descartar relaciones de sumisión. Escuchemos a los candidatos presidenciales al respecto.