Cálmese, señora

En un país en el que no es bien visto hablar fuerte y claro, hablar sobre la violación sexual de niñas y adolescentes incomoda. Esta columna busca precisamente eso: incomodarlo a ver si, de una vez, decidimos que los ciudadanos tenemos un rol de proteger a nuestras niñas.

Entre el 2013 y el 2023, 12.556 niñas de entre 11 y 14 años dieron a luz. Y 66 niñas menores de diez años. Cada uno de estos casos es un crimen. Todos esos embarazos son producto de una violación sexual. Pero ¿a quién le importan realmente?

Solo en el 2022, el CEM atendió 27.362 casos de violencia sexual. En el 80% de estos la víctima fue una niña o adolescente. En 19 de cada 100 casos, el atacante es el padre de la niña, y en el 25%, el padrastro. Las niñas son víctimas dentro de sus propias casas sin que nadie haga nada para protegerlas. Y cómo cambiamos esta situación si el 21,5% de los peruanos cree que en caso supiera del abuso sexual a un niño o una niña es mejor no intervenir.

De acuerdo con Enares, el 34,6% de los adolescentes de entre 12 y 17 años ha reportado que alguna vez fue víctima de violencia sexual en el colegio o dentro de su propia familia. Pero estas cifras no parecen importarnos porque nada estamos haciendo para enfrentar el problema de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Perú.

En Amazonas, se han presentado 524 denuncias contra docentes por abusos sexuales cometidos contra escolares entre el 2010 y el 2024. Pero nos importa tan poco la violencia sexual que el ministro de Educación, Morgan Quero, buscó minimizar los hechos sosteniendo que estas violaciones eran “una práctica cultural” al tratarse de niñas y niños de las etnias wampis y awajún. Una violación sexual como el matrimonio infantil no puede ser aceptada. Pero lo cierto es que la violencia sexual no ocurre solo entre niños de minorías étnicas. Cada día 11 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú. Solo en el 2022, 126 funcionarios del sector Educación fueron sancionados por violencia sexual.

La relativización de la violencia sexual hace que los violadores rara vez sean sancionados. La violencia sexual es invisibilizada, porque se cree que pertenece al ámbito privado y, en muchos casos, las víctimas son responsabilizadas. El 90% de delitos contra la libertad sexual queda impune. Entre enero del 2012 y agosto del 2023, solo las fiscalías de Lima registraron 18.733 casos de violencia sexual contra menores. De ellos, solo el 3,4% ha sido sentenciado. Y es que los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas no son delitos, son simples faltas.

De enero a mayo del 2024 se han atendido 12.436 casos de agresión sexual. De acuerdo con las cifras oficiales, en nuestro país hay 35 violaciones sexuales cada día. Pero la realidad es que estas cifras son mucho mayores porque se calcula que solo una de cada dos víctimas denuncia. No lo hacen por miedo a represalias y por vergüenza. Y es que el 31% de los peruanos considera que una mujer que viste provocativamente busca ser acosada sexualmente.

Ojalá que estas cifras nos lleven a indignarnos y a enfrentar la realidad.