Editorial El Comercio

En el festival de desencuentros que forman parte de la historia del nuevo terminal del se agregó ahora un acto adicional. Según reportó ayer este Diario, el consorcio encargado de reparar la avenida Morales Duárez, indispensable por ahora para acceder o salir del aeropuerto, está integrado por una empresa española sancionada por malas prácticas.

Fuertetupa, una de las dos compañías que conforman el Consorcio Conservador Faucett, tiene un rosario de problemas. El año pasado, la empresa integró otro consorcio con el que ganó un concurso público de Provías Nacional (PVN) para dar mantenimiento al corredor vial Pampas-Churcampa-Allccomachay, en Huancavelica. Unos meses después fue sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado por no presentar información completa. Luego, en mayo del mismo año, Fuertetupa se hizo de un contrato –también en consorcio– en el corredor vial Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María por S/63 millones. Pero poco después se descubrió que la experiencia que había registrado era falsa. Ambas faltas motivaron que PVN cancele las adjudicaciones.

Por si fuera poco, Carlos Espinoza Malvaceda, representante del Consorcio Conservador Faucett, registra ocho requisitorias de juzgados por hurto agravado entre el 2007 y 2011. Además, Rodiar Ingeniería y Construcción, empresa de Espinoza, fue inhabilitada en enero de este año por presentar información falsa en una licitación del Ministerio de Agricultura.

¿Cómo así esta empresa fue seleccionada para ocuparse ahora de una ruta vital para el funcionamiento del aeropuerto? Sin siquiera concurso público; fue contratación directa. La cereza del pastel es que la inhabilitación a Fuertetupa por la obra de Huancavelica se dio el mismo día en que PVN le dio el encargo en la avenida Morales Duárez. Como la empresa estaba habilitada a la fecha de firma del contrato, la adjudicación se mantiene. Y como era previsible, la obra ya está retrasada: se debió entregar el mes pasado.

¿Por qué se eligió la modalidad de contratación directa y por qué, con la flexibilidad que esa figura otorga, se obvió todo lo anterior para dar el contrato a una empresa tan cuestionada? La comedia de errores, decíamos, se suma a las cuatro licitaciones fallidas que lleva el Estado para completar el puente Santa Rosa sobre el río Rímac, último paso antes de entrar al nuevo aeropuerto, y que no estaría listo sino hasta el 2029. El nuevo terminal podrá tener lo último en tecnología cuando se inaugure, pero sus accesos y su historia nos recordarán por mucho tiempo el atraso y vicios tradicionales de la obra pública en el país.

Editorial de El Comercio

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