Editorial El Comercio

El pudor es con frecuencia lo primero que se pierde cuando las temporadas electorales se acercan. Desesperados por conseguir una ubicación en alguna lista parlamentaria o convertirse en ministros, los antiguos detractores de determinadas opciones políticas descubren de pronto unas secretas afinidades con ellas y se convierten en sahumadores de lo que antes deploraban. ¿Cuántos dirigentes de izquierda, por ejemplo, tachaban de antidemocrático y autoritario el proyecto que encabezaba en los comicios del 2006 y, sin embargo, acabaron aupándose a su candidatura en el 2011? ¿Cuántos denostadores del fujimorismo en todos los procesos anteriores al del 2021, por otro lado, terminaron lanzándose como postulantes naranjas al en esa elección?

De igual manera, algunos partidos supuestamente comprometidos con el orden democrático no se hacen problemas con acercarse o incluso sumar a sus filas a sujetos y colectivos reñidos con los más elementales principios de ese orden cuando de llenar los planillones de afiliados o captar recursos se trata. Algo de eso han mostrado en los últimos días tanto Juntos por el Perú (JPP) como Podemos Perú al dar señas de su sintonía con la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) y con el colectivo Ciudadanos por la Democracia, respectivamente. Como se sabe, la primera de esas organizaciones tiene por líder al exconvicto y asesino de policías (así como partidario del fusilamiento de todos aquellos a los que considera corruptos) ; y la segunda, alberga a personajes como el exministro del Interior de , Luis Barranzuela (quien debió dimitir luego de organizar en su casa del COVID-19), Raúl Noblecilla, antiguo abogado y viceministro de Gobernanza del expresidente golpista, y Wilson Barrantes, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante la administración del ahora inquilino del penal del fundo Barbadillo.

En lo que concierne a JPP, si bien el presidente de ese partido e investigado congresista Roberto Sánchez ha aclarado que la alianza de la que había hablado Antauro Humala no existe y que solo están “empezando un diálogo”, admitió que tuvo una reunión con él y que ha visto en su accionar “un arraigo popular social relevante”. “Nosotros tenemos que ir más allá de la izquierda, donde hay sectores comunitarios ancestrales que no se sienten identificados con la economía, ni con la política ni con el Estado”, ha dicho. Nada, en fin, que desmienta aquello de “organizaciones políticas hermanas” que mencionó hace unos días el mandamás de Antauro.

Podemos Perú, por su parte, ha definido a sus nuevos asociados como “líderes sociales” y el secretario nacional del partido, el investigado excongresista José Luna Morales, ha afirmado que este ha consolidado con Ciudadanos por la Democracia “un acuerdo de trabajar para garantizar a los peruanos un país con seguridad, reactivación económica, soberanía energética y el pago de la deuda social”. Un esforzado ejercicio retórico que omite los problemas de falta de lealtad con el sistema democrático a los que aludíamos al principio.

¿Qué nos falta ver? ¿Esfuerzos desembozados por tender puentes hacia los representantes de la minería ilegal o el transporte informal alegando que son expresiones del pueblo o algo así? ¿Guiños poco disimulados a quienes quisieran echarse abajo la autoridad del Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo (como ofrecía Pedro Castillo en la primera vuelta del 2021)?

La naturaleza de aquellos a quienes decidimos acercarnos revela siempre algo acerca de nuestra propia identidad. En ese sentido, alguien podría sostener que, en política, rige una variante del famoso refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres”, y no estaría equivocado. Y, en el caso de Juntos por el Perú y de Podemos Perú –partidos ambos que, para más desgracias, ocupan escaños en el Parlamento–, parecen no tener problemas en sintonizar con organizaciones en las que pululan asesinos, golpistas y sus seguidores.

Editorial de El Comercio