El mundo de Santiváñez

Ayer se cumplieron los 60 días del estado de emergencia que el Gobierno dispuso el pasado 27 de setiembre para 13 distritos de Lima y uno del Callao debido al incremento de la inseguridad. Y en los últimos días, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha tratado de defender la supuesta efectividad de la medida en diferentes espacios, enfatizando que él se fija en los datos y no en las “percepciones”. En su caso, además, se trata de una evaluación determinante, porque él mismo anunció en setiembre que, si la iniciativa no funcionaba, daría un paso al costado.

El problema con las declaraciones de Santiváñez, sin embargo, es que no tienen correlato ni con las cifras ni con lo que dicen los alcaldes de varios de los distritos en los que viene rigiendo la medida. “Desde que iniciamos los estados de emergencia, hemos mantenido reuniones permanentes con todos los alcaldes de los distritos declarados en emergencia, y absolutamente todos, si usted los entrevista, le van a afirmar que los índices de delincuencia [se] han reducido”, afirmó, por ejemplo, en una entrevista en “Punto final” el domingo.

No obstante, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, le dijo a este Diario que los operativos conjuntos entre el serenazgo del distrito, la policía y las Fuerzas Armadas recién comenzaron hacia mediados de octubre; es decir, dos semanas después de declarada la emergencia. Algo similar afirmó el burgomaestre de Independencia, Alfredo Reynaga: “Los primeros 30 días [del estado de emergencia] no se sintieron, no había patrullaje, no había estrategia, no había operativos, no había recursos”.

Santiváñez, además, ha dicho que durante el estado de emergencia las extorsiones disminuyeron. Sin embargo, esto solo ocurrió en cuatro de los 14 distritos comprendidos en la medida; en los otros 10, las extorsiones continuaron subiendo, según los datos más actuales del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales revisados por este Diario.

En cuanto a los asesinatos, que Santiváñez asegura que disminuyeron, pasamos de registrar a escala nacional 1.915 en el 2023 a 2.027 en el 2024. Y los homicidios con armas de fuego registrados en los primeros 10 meses de este año (530) son muchos más que los del mismo período del año pasado (431). El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, afirmó, por ejemplo, que en su distrito, si bien las denuncias por robos cayeron un 9,9%, las de homicidio crecieron un 166,7% respecto del 2023.

Pese a ello, sin embargo, es muy probable que la medida se extienda por otros 60 días (algunos alcaldes, de hecho, así lo han solicitado). De hacerlo, lo mínimo que debería ofrecer el Gobierno a la ciudadanía son explicaciones, pues las que ha dado el ministro Santiváñez hasta ahora no son convincentes.