‘Cuchillo’ y coladera

La salida legal de Miguel Rodríguez Díaz, ‘Cuchillo’, rumbo a Colombia este lunes –solo unas horas después de que la presidenta Dina Boluarte anunciara acciones para encontrar a los responsables de la masacre de 13 mineros en Pataz (La Libertad)– no es un hecho aislado. Es la evidencia de un Estado cuyas instituciones parecen haber cedido ante el crimen organizado mientras el discurso oficial se ahoga en promesas vacías.

Este hecho, ocurrido tras el anuncio de un toque de queda y la instalación de una base militar en la zona, evidencia la incapacidad del gobierno para coordinar acciones mínimas de inteligencia y control fronterizo, incluso cuando el sospechoso contaba con investigaciones por extorsión y manejo de explosivos.

La salida del país de ‘Cuchillo’ se inserta en un patrón alarmante: la impunidad como norma. Basta recordar a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín prófugo desde hace más de un año, o a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, quienes burlan la justicia mientras difunden publicaciones en redes. Incluso el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, logró evadir una orden de captura durante 50 días antes de que el Poder Judicial dejara sin efecto la resolución de prisión preventiva en su contra. Estos casos no son coincidencias, sino síntomas de un sistema que prioriza las frases vacías en lugar de la acción efectiva.

Es oportuno recordar, además, que en diciembre el gobierno se abstuvo de promulgar la ley que restablecía la detención preliminar y la observó, lo que impidió por más de tres meses la captura de delincuentes que no eran atrapados en flagrancia en medio de una ola delincuencial que lleva sumando más de 720 homicidios en lo que va del año, con un promedio de cinco asesinatos por día.

De igual forma, el llamado cuarto de guerra, presentado hace casi dos meses como la gran estrategia contra la delincuencia, terminó siendo una farsa. Sus sesiones no produjeron más que cifras maquilladas y anuncios mediáticos. Su cierre en abril, sin resultados concretos, confirma que fue un teatro para simular control en medio del caos. Mientras tanto, bandas como La Nueva Alianza –ahora encabezada por ‘Cuchillo’– o Los Injertos del Cono Norte –encabezada por el ‘Monstruo’ que se encuentra también fuera del país (en Brasil)– siguen operando con total impunidad, extorsionando, secuestrando y asesinando en zonas en las que la policía parece llegar tarde, cuando ya no hay a quién salvar.

La masacre de Pataz debería haber marcado un punto de inflexión, pero el gobierno insiste en medidas cosméticas. Como se ha señalado en estas páginas, parece ser que vivimos en un pueblo sin ley, donde la autoridad se muestra inerme ante el avance criminal. La salida de ‘Cuchillo’ del país no es una derrota: es la confirmación de que, en este gobierno, los delincuentes se saben impunes y pueden movilizarse incluso internacionalmente, mientras que las víctimas claman por una justicia que no llega.