Números contundentes

A la presidenta Dina Boluarte le debería preocupar el mínimo porcentaje de aprobación ciudadana que ostenta y que va, además, decreciendo, sin reacción alguna de su parte o de su equipo. Desde sus máximos –de por sí, pobres– de marzo del 2023 con 19%, la última encuesta de Datum para El Comercio publicada ayer registra apenas 5% de aprobación. En la zona sur, su apoyo es del 3%, cifra demasiado cercana al margen de error de la encuesta (2,8%). La desaprobación nacional, por su lado, llegó a un pico del 92% en el mismo sondeo.

Las excusas que ofrece la mandataria para el apabullante rechazo popular que enfrenta ni siquiera son esforzadas. Son las del manual básico, las que responsabilizan a los medios de comunicación de su pobre desempeño. “Tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los ‘fake news’, las noticias falsas creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen”, mencionó la semana pasada. Luego, en una alocución que debería bordear el sarcasmo, dijo: “Mi mejor comunicación es con ustedes: con trabajo, con resultados, con hechos, con obras. Esa es la comunicación que yo traigo al pueblo”. A qué resultados, hechos y obras se refería, quedó para la imaginación de sus oyentes.

En el fondo, la presidenta tiene que saber que la razón de su impopularidad no está en la prensa, y tiene que saber que el resto del país sabe lo mismo. Por ello, insistir con la victimización es absurdo. Queda todavía más de 20 meses para que la mandataria entregue la banda presidencial, y gobernar con esos índices de aceptación ciudadana durante tanto tiempo es tremendamente arriesgado para ella y para el país que encabeza. La parálisis del Gobierno –en temas que van desde Petro-Perú hasta la seguridad ciudadana– es clamorosa.

Si la presidenta quiere retomar algunos puntos de aprobación, los primeros pasos deberían incluir ejercicios de transparencia y rendición de cuentas a través de medios de comunicación independientes. Es lo mínimo que se espera de cualquier jefe del Estado en democracia.