Ayer el entonces titular de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, tuvo que encarar lo irremediable y renunciar. El comunicado que el ministerio a su cargo divulgó el domingo por la noche, a poco de haberse propalado el reportaje de “Panorama” que puso al funcionario en entredicho, sugiere que este tenía intenciones de permanecer en el puesto, pero por una vez el presidente Vizcarra reaccionó con relativa rapidez frente a aquello que amenazaba con mellar políticamente al Gobierno y cortó el problema por lo sano.
El referido informe periodístico, como se sabe, reveló que, años atrás y antes de ser asesor y consultor externo del aludido ministerio en asuntos vinculados con el gasoducto sur peruano, Liu Yonsen realizó también, a través de su empresa Conasac, consultorías para Odebrecht. El potencial conflicto de interés resulta, pues, obvio; particularmente en un contexto en el que la constructora brasileña ha decidido demandar al Estado Peruano por esa obra. Y la necesidad de investigar en qué consistieron las reuniones que él mismo ha declarado que sostuvo con representantes de esa empresa antes de la presentación de la demanda es impostergable.
De cualquier forma, se trata de la cuarta baja del Gabinete Zeballos en menos de cinco meses (las tres anteriores fueron las de Jorge Meléndez, Zulema Tomás y Francisco Petrozzi). Y, como todas las otras, le ha acarreado una importante dosis de deslustre a la actual administración al no haber obedecido a una voluntad de introducir cambios en el sector, sino a cuestionamientos sobre la transparencia de la persona que se eligió para encabezarlo.
Más allá de este preocupante caso concreto, lo que está bajo la lupa son los criterios de selección del presidente y su primer ministro. Cuatro miembros del Gabinete licenciados en casi igual cantidad de meses no es poca cosa; máxime si se considera que no ha existido en todo ese tiempo un Congreso que presionase políticamente para la salida de esos funcionarios cuando la inconveniencia de su permanencia en el cargo quedó expuesta.
Cuatro, por último, que tendrían que ser cinco, porque hasta ahora nadie se explica la inmunidad de la que goza a este respecto el ministro Edmer Trujillo, tanto o más cuestionado que todos los anteriores.