Editorial: Abajo los micrófonos

Desde que comenzó su gobierno, la actitud del presidente Pedro Castillo hacia la prensa no ha sido la adecuada (y así la califican casi 8 de cada 10 peruanos, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos que difundimos hace unos días). Quizá con eso en mente, la semana pasada el mandatario celebró una reunión en Palacio de Gobierno con los directivos y representantes de varios medios radiales y televisivos con la intención de, según explicó en un tuit publicado después de la cita, “impulsar un trabajo conjunto […] mediante el respeto al derecho a la información de la ciudadanía y el ejercicio responsable y transparente de la libertad de expresión”. Más allá de que no ha quedado claro a qué se refirió el jefe del Estado con eso de “un trabajo conjunto” (pues la única relación que cabe entre la prensa y las autoridades de un país es la de una vigilancia crítica permanente), algunos sucesos ocurridos luego sugieren que sus palabras fueron una declaración de intenciones y nada más…

Ayer, por ejemplo, al ser consultado por algunos reporteros sobre por qué ha mantenido silencio casi monacal en una semana en la que el Gabinete de Ministros se ahogaba en un mar de cuestionamientos, el presidente trató de justificar su hermetismo. “Nos hemos limitado a hacer algunas declaraciones sencillamente porque nosotros, durante la campaña y la lucha de los maestros [en referencia a la huelga docente que encabezó en el 2017], decimos una cosa en la calle, decimos una cosa acá, y después […] se lo edita”, manifestó. Y continuó: “Bueno, pues, si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país”.

Por supuesto, la intención de que el presidente busque una manera de sortear a la prensa en su comunicación con la ciudadanía es inquietante por muchas razones. Para comenzar, en cualquier democracia que se precie de ser tal, las autoridades están permanentemente sometidas al escrutinio de la prensa y deben, además, rendirles cuentas a los ciudadanos a través de esta. No basta, en ese sentido, que el mandatario se dedique a informar sobre sus decisiones o las acciones de su gobierno sin posibilidad de ser preguntado por ellas; debe también abrirse a las inquietudes de los medios y aceptar las interrogantes que se le formulen.

Lamentablemente, esta última es una conducta que hemos extrañado desde que asumió el cargo. Hace dos días, por ejemplo, una reportera del canal del Estado, Tifanny Tipiani, fue violentamente apartada por la seguridad del presidente mientras intentaba hacerle una consulta. El mandatario, que se encontraba a menos de un metro de lo sucedido, no intervino en ningún momento y solo se disculpó por el hecho al día siguiente, cuando ya varias asociaciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), lo habían condenado. Pero la sensación que ha dejado es la de un presidente que busca eludir a la prensa, incluso parapetándose detrás de su personal de seguridad.

Si bien, como decíamos antes, es vital que en una democracia un jefe del Estado tenga una relación de apertura con los medios (incluidos, por supuesto, aquellos que son más severos con él), en el caso de Pedro Castillo el cuadro se agrava porque sí hay muchos cuestionamientos que hacerle (en particular, sobre varias de las personas que ha elegido para portar un fajín en el Consejo de Ministros) y muy poca disposición de su parte para atenderlos. Es sintomático, por ejemplo, que a casi un mes de haber llegado al poder todavía no exista un encargado formal para ser el enlace entre los medios de comunicación y el Ejecutivo.

Pedro Castillo debe entender que la actitud, muchas veces hostil, que exhibió su campaña hacia la prensa no puede continuar ahora que es presidente. Desafortunadamente, sus acciones y dichos en los últimos días nos llevan a pensar que su compromiso sobre el respeto a la prensa solo fue para la foto.